El Partido Popular se convirtió ayer en la primera fuerza política en fijar su posición ante «el problema» de Bakio, en alusión directa a las presuntas «irregularidades» que se habrían registrado durante la «excesiva» edificación que ha experimentado la localidad costera bajo el gobierno del PNV. En una batería de iniciativas institucionales, el PP de Vizcaya anunció que solicitará en las Juntas Generales la creación de una comisión de investigación sobre la planificación urbanística.
Con este órgano, cuya aprobación necesita de mayoría absoluta, pretende determinar si han existido o no eventuales ilegalidades y tratos de favor a constructores privados y, en su caso, «se depuren responsabilidades políticas». «Nos hacemos eco de la preocupación social que ha suscitado este tema y damos traslado a la Administración», se justificaron las apoderadas populares Nerea Llanos y Cristina Ruiz, en lo que fue el arranque oficial de las peticiones de explicación a la formación jeltzale con la sombra de las recalificaciones como telón de fondo.
Llanos, como portavoz suplente del PP en las Juntas, y Ruiz, su representante en la comisión de Urbanismo, eludieron vincular a un supuesto 'pelotazo' las denuncias sobre los cambios urbanísticos que permiten ampliar de forma sustancial el número de viviendas en Bakio -de los 1.500 nuevos pisos que se levantarán a corto plazo, 800 no estaban recogidos en los planes vigentes-. Pero cuestionaron «la necesidad real» de acometer los desarrollos y subrayaron «la militancia política de los promotores que se han beneficiado de los planes del Ayuntamiento», gestionado con mayoría absoluta por el PNV. A su juicio, «el despropósito» en la planificación también «afecta» al medio ambiente, sobre todo a su litoral.
Además, el PP pedirá en el Parlamento vasco la comparecencia del alcalde de Bakio, Txomin Renteria, quien ya ha asegurado que el proyecto para aumentar la cifra de viviendas es «legal y transparente», y ha descartado cualquier clientelismo político -«no se ha dado trato de favor a ningún promotor», dijo el jueves-.
Comparecencia
La propuesta de la comisión de investigación en las Juntas Generales fue acogida ayer con cautela por el resto de partidos. Con el rechazo del PNV, partido que gobierna la Diputación con el apoyo de Eusko Alkartasuna, la petición sólo podría salir adelante con un desmarque de su socio y el respaldo de la oposición. Aunque sigue censurando la política urbanística de Bakio, EA decidirá su voto este lunes en la Ejecutiva regional.
El PSE calificó de «oportunista» la solicitud del PP y reclamó «estudiarla en profundidad» antes de posicionarse. Lo que sí han decidido los socialistas es pedir por su parte la comparecencia del diputado de Urbanismo e información a la Diputación sobre su papel en Bakio. Ezker Batua también optó por la prudencia y dijo que sólo apoyaría la comisión si se confirman las presuntas ilegalidades.
