El Gobierno vasco ha dado una vuelta de tuerca en su lucha contra el fraude en el uso de los pisos protegidos. Ha puesto en marcha el castigo más duro que prevé la Ley del Suelo: la expropiación. El Departamento de Vivienda ha iniciado esa vía con ocho pisos, 5 en Álava, 2 en Guipúzcoa y uno en Vizcaya. Siete de los propietarios decidieron vender sus casas al Gobierno vasco al verse en un callejón sin salida. «La ley contempla esa posibilidad de expropiar si los pisos están más de un año vacíos de forma ininterrumpida o son utilizados por personas no autorizadas», comentó ayer el consejero, Javier Madrazo.
El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha inspeccionado 17.235 pisos de protección oficial desde febrero de 2005, fecha en la que puso en marcha el programa de detección del fraude. Buscaba viviendas vacías, alquiladas o vendidas de forma irregular. En 1.972 casos se detectaron irregularidades y se iniciaron diligencias previas. «El porcentaje de indicios de fraude en el uso de viviendas protegidas es de un 9%», detalló Madrazo, que presentó ayer en Bilbao los resultados de la labor de inspección en la comunidad autónoma.
De los casi 2.000 procesos iniciados, un total de 138 han acabado ya en una sanción a los titulares de las viviendas investigadas, multas por un importe medio de 2.200 euros. Las mas elevadas alcanzan los 6.000 euros. «Estas sanciones se imponen de forma reiterada hasta que se corrige la irregularidad detectada. Puede ocurrir que sea una multa de 6.000 euros al mes hasta que el importe total alcance el valor del piso y quede embargado», explicaron responsables del área. El Gobierno vasco ha recaudado de esa forma más de 300.000 euros.
Dificultades
Cientos de expedientes continúan abiertos y avanzan con lentitud. «Hay que tener en cuenta que es un proceso garantista», justificó Madrazo. Los responsables de Vivienda argumentan que la cifra de sanciones no es más alta y los procesos tampoco son rápidos porque los pasos que hay que dar desde la detección de los indicios de fraude hasta demostrar la infracción son complicados. «Que se tome la decisión de quitar una vivienda a una persona es muy difícil», señaló Madrazo.
La mitad de las irregularidades quedan sin castigo. En unos casos el 'delito' ya ha prescrito, y en otros, no se logra probar las irregularidades. Las infracciones más habituales son no habitar la vivienda y llevar a cabo operaciones de compraventa o alquiler no autorizadas. «Nos hemos encontrado con pisos que habían sido realquilados por habitaciones», recordó Madrazo.
El Gobierno vasco tiene previsto inspeccionar para 2009 las 50.000 viviendas protegidas que hay en el País Vasco. Para ello cuenta con un equipo de 18 inspectores: once se encargan de las tareas administrativas y siete realizan las visitas a los pisos.
El programa de lucha contra el fraude forma parte del Plan Director de Vivienda 2006-2009. La normativa que rige en la comunidad utiliza otras dos herramientas para evitar que los pisos protegidos se conviertan en instrumento de especulación. Por una parte, todos se adjudican por sorteo, con lo que se impide «el enchufismo» y, por otra, no se pueden vender en el mercado libre y obtener plusvalías. Sólo las puede adquirir el Gobierno vasco.
