El alcalde de Bilbao ha reconocido que las lonjas de Bilbao la Vieja en las que viven los inmigrantes, son «ilegales y no cuentan con permiso de habitabilidad». Iñaki Azkuna, sin embargo, aclaró ayer que los inmigrantes que alquilan estas lonjas «no son los sinvergüenzas», sino el propietario que las arrienda sin tener «permiso» para hacerlo.
Para el regidor bilbaíno, el término 'lonjas-patera' no debe utilizarse para denominar a este tipo de locales, «porque en las cinco o seis revisadas por la Policía Municipal no existe hacinamiento, en la medida en que viven familias de dos y tres personas». En el mismo sentido, subrayó que las condiciones de habitabilidad «no eran malas y no se vivía en una cuadra».
Más adelante, señaló que en casos como estos, el Ayuntamiento a veces «tiene que templar gaitas y tomar las medidas adecuadas, pero con cierta tranquilidad y cierta altura de miras».
«Dar una cachetina»
Azkuna subrayó que si un juez dictamina que estos locales se cierren, «estos señores se van a la calle», aunque entonces, en su opinión, las críticas vendrán por el hecho de que los deshauciados se hayan ido a vivir «debajo de un puente». «Lo que no vamos a hacer es cerrar las lonjas a todo correr para dejar en la calle a sus inquilinos. Nuestro objetivo es dar una cachetina a los dueños» de estos recintos por carecer de los permisos de habitabilidad.
El primer edil recordó que en el último año han entrado en Bilbao 3.000 inmigrantes y subrayó que el Consistorio no tiene recursos suficientes para atender a todos. Además, conceder los pisos vacíos a los inmigrantes no «sólo provocaría otro efecto llamada, sino que llevaría a los bilbaínos a darnos hasta en el carné de identidad», expuso de forma gráfica.
La pretensión del Ayuntamiento, según las explicaciones de Azkuna, no es conceder una casa al todo el que llegue a la capital vizcaína de fuera o establecer una lista para que los inmigrantes puedan optar a los pisos municipales, puesto que Viviendas Municipales tiene unos criterios para las personas que pretendan acceder a un piso, a las que exige que estén empadronadas en Bilbao. «Los que tienen responsabilidad en materia de inmigración» son quienes deben adoptar las políticas pertinentes.
