La Diputación reforzará el próximo año su apuesta por la concentración de bodegas de txakoli, con el objetivo de pasar de 70 a 20 explotaciones. En el presupuesto de 2007 ha reservado una partida de 200.000 euros, el doble que este ejercicio, para apoyar estos proyectos y otros 100.000 para invertir en «innovación tecnológica», según explicó ayer el diputado de Agricultura, Eusebio Larrazabal, en las Juntas Generales.
Algunas de estas ayudas ya están comprometidas, como la destinada a la bodega Iturrialde, de Larrabetzu, la mayor de Vizcaya. Para la concesión de subvenciones se exigen unas dimensiones y un mínimo de producción, pero también se apoyarán otras alianzas menos ambiciosas. Larrazabal explicó que tiene sobre la mesa la solicitud de doce pequeños bodegueros y viticultores del Txorierri, que recibirán «ayudas específicas. Lo consideramos un proyecto estratégico», remarcó.
En total, el departamento gestionará el próximo año 51,5 millones, un 7% más que en este ejercicio. Una de las principales inversiones, dos millones de euros, es la planta de purines de Carranza, que eliminará los excedentes de residuos ganaderos y generará energía y compost. Las instalaciones se abrirán en 2008 y costarán 12 millones. El Gobierno vasco, entidades financieras, socios tecnológicos y cooperativas de ganaderos aportarán el resto del dinero.
Nueva norma de Montes
Otro de los objetivos es aumentar la cuota láctea asignada a Vizcaya -82.000 toneladas- para adaptarse a la «capacidad de las explotaciones». Además de las gestiones que realiza el Gobierno vasco, se van a redistribuir en el territorio 4.000 toneladas de productores que se acogerán al plan de abandono.
2007 será además el año de la nueva Norma Foral de Montes, que facilitará el cambio de uso de terrenos forestales. Las parcelas que en el catastro rústico de 1954, el último hasta hace poco, tuvieran usos agrícolas o ganaderos podrán volver a estas actividades, «aunque se controlará la pendiente el terreno». La normativa adaptará una disposición de la ley del Gobierno central, que prohíbe las recalificaciones de terrenos que hayan sufrido incendios forestales durante un plazo de 30 años. «Vamos a fijar una fecha concreta a partir de la que se aplica esta prohibición», afirmó el diputado. La normativa actual, de 1994, impide el cambio de uso de las zonas quemadas, pero no tiene carácter retroactivo.
