Los inspectores que revisan las viviendas de protección oficial (VPO) pueden presentarse un sábado por la noche. Antes de tocar el timbre han comprobado que las persianas del piso estaban echadas todos los días; que el nombre del buzón no corresponde al titular o que nadie ha retirado la propaganda. En visitas anteriores preguntaron a los vecinos si se cruzaban con el inquilino en el portal. Sospechaban que había escu- chado sus timbrazos y se habían sentido observados por él a través de la mirilla. Pero a base de insistir, tres o cuatro veces en una tarde, el individuo acaba abriendo la puerta, aunque su actitud es defensiva. «Te dice que le vayas a interrogar al lehendakari o al consejero Madrazo», relata Vicente Cortés, coordinador del grupo de inspectores.
Siete personas se encargan de 'peinar' las 50.000 VPO de Euskadi, cuyos propietarios ofrecen material de sobra para un fresco sociológico de Euskadi. Desde 2004, cuando las revisiones se pusieron en marcha, han encontrado de todo: una casa de citas a pleno rendimiento, un piso realquilado a inmigrantes por habitaciones; un vecino muerto, una peluquería no autorizada, un consulta de dentista Y un puñado de domicilios tan vacíos como las excusas de sus propietarios. «Una persona nos dijo que no consumía agua en su casa porque se duchaba siempre en el polideportivo», relata Cortés. «Otro aseguró que no residía en el piso porque había encargado la cocina hace más de un año y no se la traían».
Los 'detectives de la vivienda' también han entrevistado a personas que encienden el infiernillo en una habitación desnuda. Y a una anciana, 'niña de la guerra', que sólo hablaba ruso. Suelen trabajar los días laborables por las tardes y los sábados por la mañana, si bien aplican otros horarios cuando están detrás de una casa concreta. Desde 2004 han revisado 18.000 pisos protegidos y han proporcionado pruebas convincentes para expropiar ocho. Otros 138 propietarios han recibido sanciones por un importe medio de 2.138 euros. En conjunto se han investigado 1.972 supuestas corruptelas, la mayoría de las cuales consistían en tener el piso desocupado, alquilarlo sin autorización o venderlo en el mercado libre. «Hemos encontrado de golpe todas las irregularidades de los últimos años. Son pocas si las comparas con todas las viviendas protegidas», puntualiza Javier Burón, Director de Planificación del Departamento de Vivienda.
La mala vecindad
El Gobierno vasco asegura que el 91% de los adjudicatarios de las VPO cumple la función social para la que fueron construidas. Pero esa función incluye, para ciertas personas, denunciar las triquiñuelas del vecino; sobre todo, si ha arrendado su piso protegido a una familia o un colectivo ruidosos. Los chivatos siempre niegan la delación, de modo que los inspectores han acuñado un axioma para estos casos: «La denuncia nunca surge en la escalera, sino en otro portal».
Realmente, la mala vecindad está siendo de enorme utilidad para las delegaciones de Vivienda, que ponen a los inspectores al corriente del último chivatazo. Aunque ellos también obtienen información durante las revisiones programadas, para las que se identifican debidamente antes de preguntar.
-¿Cómo se llama usted?
-Vaya, no me acuerdo. Estoy nerviosa.
-¿Y cree que se acordará?
-Sí, venga un poco más tarde.
Antes de despedirse, el inspector entrega una carta a la vecina y le informa de que puede telefonear al 012 para cerciorarse de que ha recibido una visita oficial. No es corriente que las irregularidades se exhiban de forma tan impúdica. Por eso basta con que un detalle no concuerde para que una VPO acabe en cuarentena: un inmueble repentinamente invadido por primos o hermanos; alguien que pide autorización al Departamento de Vivienda para poner su casa en alquiler y se la deniegan.
Sin embargo, las primeras evidencias las suele proporcionar el aspecto exterior del inmueble. El empadronamiento y los consumos de agua, luz y teléfono se solicitan oficialmente cuando las sospechas son sólidas y se inician diligencias. «Los inspectores no son meros encuestadores. Tienen que tomar decisiones», explica Vicente Cortés, que pertenece a la consultora Ikertalde.
El Gobierno vasco ha encargado a esta empresa la selección del personal y la coordinación del servicio 'en la calle', pero también ha diseñado los métodos de trabajo y el procesamiento de la información para las delegaciones territoriales. «Los inspectores tienen entre veintitantos y cuarenta años. Cobran dietas y kilometraje. Los elegimos por su capacidad para relacionarse, pero no se echan atrás ante un individuo grosero o altanero. Deben ser educados, metódicos y persistentes», detalla Cortés.
No puede ser de otra manera, pues el proceso sancionador es garantista con el adjudicatario de la VPO. «Por ello hay que dejar el trabajo bien hecho para que salgan adelante los expedientes», subraya el coordinador. En esa tarea, las autoridades municipales ofrecen cada vez más información y, en el caso de Vitoria, han ayudado a levantar actas en situaciones graves.
De todos modos, la misión de los inspectores no concluye con la sanción. Deben comprobar que el piso recupera su función legal, una tarea que les obliga a endurecer el control. «Pueden pasar un día entero delante de una casa», indica Vicente Cortés. Tan drástica estrategia no garantiza que un 'sospechoso' sea desenmascarado, ya que alguno ha llegado a presentar certificados para acreditar que cuidó de un pariente en el hospital durante varias semanas.
¿Eran fraudulentos esos documentos? El Gobierno vasco no responde. A la postre, las inspecciones no sólo buscan sancionar, sino inculcar la idea de que la VPO tiene un carácter social. «En una revisión -relata Cortés-, el propietario de un piso confesó que lo tenía vacío para venderlo en cuanto perdiera la calificación de protegido».
Ahora, esa calificación es para toda la vida.
