El PSE va a presentar una proposición no de ley dirigida a atajar al acoso en el ámbito escolar en la comunidad. Los socialistas plantean crear un plan interinstitucional para el tratamiento integral de la violencia en los colegios, duplicar las horas de tutoría a los alumnos y crear una comisión de encuesta en la Cámara, que reúna a expertos de diversas disciplinas y elabore un diagnóstico de la situación actual, además de medidas dirigidas a abordar los conflictos de forma eficaz, explicó la parlamentaria y portavoz de Educación del Grupo Socialista, Isabel Celaá.
«La respuesta a la violencia en los centros de enseñanza se ha abordado hasta ahora de manera unilateral, limitándose al centro educativo», señaló Celaá. A su juicio, «hay que afrontar que el origen y solución de estos comportamientos no están exclusivamente en el sistema educativo sino que se relacionan con el ámbito familiar y el entorno social del menor que actúa de modo violento».
Los socialistas opinan que hay que dejar sentado que «no existe violencia escolar, sino una violencia social que tiene su repercusión relevante en los centros educativos». «Tiene mucho que ver con la corrupción general de la convivencia que hunde sus raíces en fenómenos tales como las pérdidas de valores, la crisis de las familias, la voracidad comercial o la marginación social», señaló Celaá. La guerra contra el acoso escolar sólo se ganará, añadió, «si se implica toda la sociedad».
Ponencia
Los expertos educativos que participaron ayer en la ponencia creada en el Senado para el estudio de la violencia escolar coincidieron en demandar, al igual que el PSE, un plan global que no incluya solo a los alumnos y profesores sino también a las familias, a las administraciones y a la sociedad en su conjunto. Con esta ponencia, que comenzó ayer sus trabajos a puerta cerrada, el Senado quiere analizar las causas de la violencia en los colegios y aportar soluciones. La iniciativa persigue lograr un «imprescindible consenso» para ser operativa y ofrecerá sus propuestas el próximo junio. De momento, al menos 25 personas relacionadas con la comunidad escolar -padres, profesores, expertos, alumnos e incluso víctimas- desfilarán ante la ponencia.
Sus integrantes -Jesús María Laguna (PP), Ana Luisa Durán (PSOE), María Assumpta Baig (Entesa Catalana de Progrés), Francisco Javier Maqueda (PNV) y Rosa Nuria Alexandre (CiU)- no descartan recomendar medidas legislativas a las comunidades o al Gobierno central. Eludieron pronunciarse sobre si son partidarios de que este tipo de violencia esté contemplado en el Código Penal, como propone la Fiscalía. Los cinco miembros de la ponencia pusieron el grito en el cielo por la dimensión que está alcanzando la violencia en los centros escolares. Laguna dijo que «los ciudadanos están viviendo una cruda realidad que ha llevado a muchos niños a la desesperación y a algunos, al suicidio».
El portavoz del PNV estimó que habrá que establecer pautas de comportamiento y leyes políticas que impidan nuevas tragedias como el 'caso Jokin'. «Algunos alumnos no quieren ir al colegio por miedo al acoso y otros tienen que acudir con protección policial -tal y como publicó EL CORREO el pasado sábado-, porque son gordos, feos o inmigrantes y se les intenta agredir para grabarlo en los móviles y soltarlo a la red». Según Francisco Javier Maqueda, del PNV, «la LOE es una ley buena, pero se ha olvidado de la asignatura de la urbanidad. En los patios de los colegios, la violencia se ceba en el más débil y nosotros debemos apostar por leyes «ejemplares» que protejan «a alumnos y profesores».
