Lo siento. Esta misma semana, las tres diputaciones forales han aprobado la nueva norma que regulará nuestras relaciones con la Hacienda, así que hoy toca hablar de los impuestos. Podría empezar hablando de la fecha en la que se ha producido el acuerdo -avanzado ya el mes de noviembre-, que es demasiado tardía y obliga a tomar decisiones apresuradas. No me refiero sólo a los titulares de grandes patrimonios, que necesitan datos de los que aún carecen, ya que muchos de ellos emplean sociedades interpuestas y todavía no sabemos cómo quedará el impuesto que las regula. Me refiero a la gente normal y corriente que utilizamos masivamente instrumentos normales y corrientes, como la financiación de la vivienda, que tantos sudores cuesta adquirir, o la planificación del retiro, que tanto nos preocupa, e implican decisiones financieras con importantes repercusiones fiscales.
No es muy razonable que, conociendo perfectamente la fecha de su entrada en vigor, no se planifique mejor el tortuoso proceso de elaboración y aprobación de la legislación con un margen de tiempo mucho mayor. Sucede que, tras años de pelea en pos del Concierto y de innumerables disgustos judiciales para defender su uso y su pacífica aplicación, hemos desembocado en una situación en la que debemos esperar a conocer la propuesta del Estado para iniciar todo el proceso. No sé si es justo calificar esta actitud de seguidismo fiscal, pero tengo la impresión de que se le parece muchísimo.
Disculpen mi insistencia en una propuesta que he formulado antes en numerosas ocasiones. Pero pienso que la única manera de acabar con esto, y a la vez con los habituales líos europeos, es pactar de antemano el 'margen de discrepancia' que permita mantener la capacidad normativa sin afectar gravemente a la unidad de mercado. Sin duda alguna, conociendo de antemano ese margen podríamos actuar con mayor autonomía y mejor diligencia dentro de él.
Podría hablar también de lo absurdo que resulta el tener una normativa tan compleja y tan enrevesada que una buena parte de los contribuyentes necesitan acudir a especialistas para cumplir sus obligaciones fiscales, pues son incapaces de entenderla; y, no digamos, de utilizarla en su legítimo beneficio tratando de minimizar su aportación al fisco. Ya han empezado las convocatorias de actos programados por asesores fiscales, bancos privados y organizaciones empresariales para explicar lo que muy pocos entienden, pero a todos afecta, y en el próximo futuro habrá muchas más citas.
Podría hablar de todo esto, pero prefiero hablar hoy de otra cosa. Me gustaría mostrarles mi perplejidad ante una situación que, les advierto de antemano, a nadie sorprende. Si preguntan a sus conocidos y allegados qué opinión les merece el hecho de que los impuestos sobre la renta de las personas físicas sean progresivos les dirán, todos sin excepción, que muy buena y acertada. Si a alguien, en algún partido político, se le ocurriera proponer un sistema diferente de aportación a los gastos comunes sería tildado inmediatamente de loco retrógrado y sólo captaría el desprecio general.
Aceptamos sin problemas la máxima de «una persona, un voto», pero negamos cualquier idea que suene a «una persona, una cantidad de aportación». No sólo se acepta, como lo más lógico y justo, un sistema en el que el que el más gana más aporta -para cumplir eso bastaría un tipo único, pues sería la base de los ingresos la que se encargaría de que el resultado a ingresar fuese mayor en función de los ingresos-, sino que se considera que debe pagar proporcionalmente más. Por eso, el tipo mínimo del impuesto se sitúa en el 15% -en torno a ese porcentaje queda el 23% que figura en las tablas, una vez aplicada una deducción general de 1.250 euros- y el máximo, en el 45%, que puede llegar hasta el 60% si le añadimos el cruce con el Impuesto sobre el Patrimonio. La igualdad ante la ley y la equiparación de derechos y deberes tienen aquí una sonora excepción, que transita por la sociedad en medio de la indiferencia general.
Como digo, este esquema se presenta como justo y eficiente, es socialmente aceptado, está jurídicamente consolidado e internacionalmente contrastado. Vale, correcto. Que conste que yo tampoco me atrevo a poner en duda tamaña unanimidad. Lo que me sorprende es la facilidad con la que hacemos compatible este sistema de fuerte progresividad en los mecanismos de reparto de los gastos 'públicos' y, en cambio, practicamos un esquema radicalmente diferente en el reparto de los gastos 'privados'. Llamo 'públicos' a los gastos del Estado en sus diferentes estadios -Gobierno central, autonómicos, diputaciones y ayuntamientos-, y que se afrontan con unos ingresos obtenidos de los ciudadanos de forma coercitiva.
Si nos trasladamos a la esfera de los gastos voluntarios que se producen en la esfera privada, lo cierto es que funcionamos de forma radicalmente diferente. ¿Conoce usted alguna familia o grupo de amigos que pague las cenas de los viernes en función de su renta? ¿Sabe de alguna comunidad de vecinos que reparta los gastos comunes de la escalera en base a los ingresos de cada vivienda? ¿Por qué cuando gastamos con nuestros más próximos -familia, amigos o vecinos- nos olvidamos de la progresividad y cuando lo hacemos con los desconocidos exigimos grandes dosis de ella? Misterio. Si es tan bueno el sistema y tanta fe tenemos en él, ¿no deberíamos aplicarlo, y de manera prioritaria, cuando se trata de pagar las acciones voluntarias que hacemos con los más cercanos y cuyo control y fiscalización, además, está en nuestras manos?
Aunque no sea de una manera muy consciente, es probable que este tipo de dudas estén detrás de la evolución actual de la fiscalidad, que aumenta el peso de la imposición indirecta y rebaja el de la directa, para escándalo de algunos. La implantación en algunos países, como son los escandinavos, de modelos de inspiración fuertemente socialdemócrata provocaron reacciones generalizadas de desincentivación personal. Llega un momento en el que trabajar más, para que el Estado se quede con casi todo el ingreso extra obtenido, deja de ser una alternativa ilusionante. Por eso es posible que hayamos aprendido una buena lección de comportamiento fiscal y, de ahora en adelante, los esfuerzos de progresividad que la sociedad convenga se hagan por la vía de los gastos, dejando en paz a los ingresos.
El ideal sería un sistema que incentivase los esfuerzos, en base a dejar en los bolsillos personales una mayor parte de los ingresos brutos obtenidos; y que la justicia social, la solidaridad obligada y la redistribución equitativa se efectuase por la vía de un reparto conveniente -que no igual para todos- de los gastos. Desde luego, es una postura más lógica y mucho más eficiente.
