La izquierda abertzale ya ha decidido convertir la lucha contra la construcción del tren de alta velocidad (TAV) en el eje de su estrategia para los próximos meses, con el objetivo de parar el proyecto, pero también de crear un marco en el que encuadrar toda su actividad y buscar adhesiones, según documentos que manejan los gobiernos central y vasco y a los que ha tenido acceso EL CORREO.
Esta iniciativa supondría convertir en un elemento de tensión política la principal inversión en infraestructura de Euskadi de toda la historia reciente, un proyecto estrella del Gobierno de Vitoria que cuenta con el apoyo expreso del Ejecutivo de Zapatero y que supone una redefinición del País Vasco. Según distintas fuentes, la intención de la izquierda abertzale es crear un escenario de tensión similar al que se vivió en los años 90 con la autovía de Leizarán. Este contexto se vería reforzado por la complejidad política que supone el hecho de que en el tripartito que gobierna en Lakua, IU -el socio minoritario- rechaza también el proyecto e incluso sus líderes han participado junto con miembros de Batasuna en manifestaciones contra el ferrocarril.
Además, el trazado atraviesa feudos nacionalistas en los que, hasta su ilegalización, el electorado oscilaba entre la izquierda radical y el PNV. Y aunque el partido jeltzale está volcado en el tren, al considerarlo el eje sobre el que vertebrar la futura Euskadi, en algunos sectores locales del partido se considera que es una inversión que no se vuelca en el territorio y, sin embargo, sí puede ser un argumento que erosionará su base electoral.
La propia izquierda abertzale es consciente de que se encuentra ante un proyecto que le permitiría tomar la iniciativa política en Euskadi y, al mismo tiempo, sembrar disensiones dentro de otras fuerzas nacionalistas. En este sentido, el documento titulado '¿Vamos a parar el TAV!' señala de manera expresa que el «éxito de su empresa no se medirá sólo en función de que el proyecto se construya o no». «Es más importante -agrega el texto- la concienciación que consigamos, el mensaje que difundamos, las fuerzas políticas que movilicemos y las contradicciones que creemos».
Moratoria
El carácter instrumental que la izquierda abertzale otorga a esta estrategia es evidente en otras observaciones: «La clave está en las condiciones políticas y sociales que consigamos», escriben. En otro momento, aseguran que la intención es «servirse» de la lucha «para la defensa del proyecto político» más amplio de la izquierda abertzale. Quizás por ello, admite una respuesta gradual, ya que, además de considerar que el éxito no reside en la construcción o no del trazado, estima oportuno aceptar una moratoria para volver a debatir el proyecto, pero dentro de sus esquemas.
Los documentos de la izquierda abertzale, dentro de ese contexto, señalan la necesidad de enfrentarse al TAV en dos áreas, una de ellas ideológica, basada en sus principios, y otra más socioeconómica. En la primera, los radicales ligan la oposición al ferrocarril con su concepto de soberanía y creen que se debe exigir la paralización desde la base de que «la voluntad popular no ha sido respetada».
Otro de los factores en los que inciden es la vertebración territorial de la comunidad autónoma. Según sus análisis, el TAV es una obra equiparable a «otras macroinfraestructuras como el superpuerto, el Guggenheim, el BEC, etc...», con las que Euskadi se convierte en «una metrópoli sin cultura propia y al servicio del capital». Además, la izquierda abertzale sostiene que este proyecto dibuja «una Euskal Herria unida a los estados español y francés a través del movimiento del capital internacional».
Alto el fuego
Una de las incógnitas de las administraciones central y vasca es si se utilizará la violencia contra las obras. Como punto de partida, el departamento y el ministerio de Interior ya han creado una comisión en la que se sientan los principales responsables policiales del País Vasco para analizar los riesgos a los que se enfrentan. En este foro, en el que hay representantes de la Ertzaintza, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, ya se están barajando las distintas hipótesis a las que se pueden enfrentan en la protección de las obras.
La principal duda es cuál será la actuación final de ETA, ya que el escenario es totalmente distinto si la banda mantiene su alto el fuego o lo rompe. En el primer caso, los expertos creen que se enfrentarían a un conflicto de baja intensidad, con sabotajes y todo tipo de tácticas para dilatar el proyecto. No en vano, en el último documento de la izquierda abertzale se habla de manera expresa de «entorpecer las obras». Además, en el mismo texto ya se menciona alguna de las empresas que han empezado a trabajar en el trazado.
Sin embargo, una hipotética vuelta a las armas obligaría a cambiar por completo el concepto de seguridad del trazado. Según algunas fuentes, ese escenario podría ser sumamente complejo y daría pie a una etapa similar a la que se vivió a principios de los años 90 con los ataques que la banda perpetró contra la autovía de Leizarán. En aquella ocasión, ETA mató a tres personas vinculadas de una forma u otra con las obras de la nueva carretera, hirió a otras nueve y causó daños valorados en más de mil millones de pesetas.
De la misma forma, otra de las incertidumbres es el papel que podría jugar Batasuna o la marca con la que concurran a las elecciones municipales de mayo, si finalmente presentan listas y son legales. Fuentes del Gobierno vasco ya han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que este hecho suponga una utilización de los recursos legales municipales -licencias de obras, etc...- para intentar paralizar las obras o bloquearlas.
