El Gobierno estudia cómo tipificar en el Código Penal la compraventa de puntos del carné de conducir. Aunque por el momento sólo se han registrado «casos aislados» de estas 'transacciones', las autoridades reconocen que la picaresca conforma una «disfunción evidente» y un «elemento delictivo». Así lo asegura el diputado Jordi Jané, quien preside la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. «Estamos atentos para evitar que estos hechos puntuales se generalicen», afirma el representante de CiU a seis meses de haber entrado en vigor la nueva normativa de tráfico.
«La coordinación nacional no es nada fácil y esto ya lo sabíamos», expone Jané. Lo que no sabían en el Congreso, ni tenían previsto tampoco, era que se producirían intentos particulares de burlar a la legislación. Desde la venta de puntos por 300 euros -como mínimo- cada uno, o abuelas que, de pronto, conducen a 190 kilómetros por hora, hasta supuestos infractores que, en realidad, ya están fallecidos cualquier excusa vale con tal de librarse de las sanciones. «La verdad es que no se contempló esta picaresca», reconoce el diputado.
Pero el tema que más le inquieta no es este, sino «el de las empresas 'quitamultas'». «Debemos evitar fraudes al conductor por parte de estas empresas y procurar que se dé un servicio de calidad, sin emitir mensajes que vayan en contra de la seguridad vial. En Cataluña ya se han regulado y nuestra intención es hacer lo mismo en el resto del país», expone.
En cuanto a la efectividad de la Ley, Jané explica que aún «es pronto para hacer balances, pues estamos en la fase inicial de implantación». No obstante, su lectura es «positiva». «El nivel de aceptación y de sensibilización no ha sido malo. Los conductores han asumido el sistema de puntos, y eso es muy importante», subraya.
Los datos oficiales le avalan: durante el último semestre ha disminuido la mortalidad en las carreteras españolas y, también, la velocidad media de circulación. El operativo de Navidad organizado por la Dirección Nacional de Tráfico (DGT) -que comenzó el 22 de diciembre y se extenderá hasta el próximo sábado- es útil como ejemplo. En los primeros días de campaña hubo 26 víctimas mortales, una cifra que contrasta con los 181 fallecidos que se registraron en el operativo anterior.
El asunto es que sigue habiendo accidentes y, por desgracia, muertos. Diez al día, según las estadísticas de la DGT. Para la Organización Mundial de la Salud, se trata de una «pandemia». Para el Congreso, un motivo de «preocupación». «Si nos dijeran que la gripe aviar o el polonio causa un muerto a la semana, estaríamos absolutamente alarmados, buscando prevenir las causas y protegernos de cualquier modo», razona el diputado de CiU. «Sin embargo, en materia de tráfico, nos estamos acostumbrando a una media de diez muertos diarios y eso es terrible. Las cifras no nos permiten relajarnos», concluye.
Al parecer, la muerte en las carreteras se ha vuelto una cuestión de números. Y, también, de educación. Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y los diferentes expertos en seguridad vial coinciden en que, si bien la picaresca es «casi una cuestión anecdótica», refleja un problema mucho mayor: «la falta de concienciación ciudadana».
«La normativa es fundamental, eso nadie lo discute, pero debe estar precedida por la educación», opinan los portavoces del Real Automóvil Club de España (RACE). «Las autoescuelas enseñan todos los conceptos de conducción, aunque hace falta introducir el sentimiento de respeto hacia los demás», agregan.
Vacío legal
Otro aspecto que señalan desde el RACE es referido a los «fallos administrativos». «Existe un vacío legal que impide sancionar a quienes burlan el reglamento. La compraventa de puntos es, de momento, una 'actitud amoral', pero no delictiva». En efecto, como la Ley de Tráfico es aún reciente y sus disfunciones no estaban previstas, no hay figuras legales concretas para castigarlas. «Achacarle la infracción a otro ciudadano, previo pago y con su consentimiento, podría considerarse como falsedad», matiza Guillermo García Panesco, miembro de la Asociación de Fiscales.
«Sin duda, no es un fraude, porque al final, siempre hay alguien que paga al Estado y no se produce ningún perjuicio patrimonial. Lo que sí existe es un engaño evidente, y tal vez se podrían incluir infracciones para estos hechos en el ámbito administrativo», añade.
Lo cierto es que también «se puede mejorar la respuesta judicial y penal», y que ese cambio ya está en marcha. El 10 de noviembre, el ministro de Justicia nombró a Bartolomé Cabrera como fiscal de Sala. Se trata de un cargo nuevo con una función también novedosa: coordinar, desde el punto de vista jurídico, la seguridad vial del Estado. Su tarea es proteger y tutelar a las víctimas; afectados que, como era de esperar, celebran su nombramiento. «Por primera vez en la Historia, alguien se encargará de coordinar a los fiscales que se ocupan de la seguridad vial. Hace poco nos reunimos con él, es una persona fenomenal y muy accesible que ya se ha puesto a trabajar en el tema», describe Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes.
Perfeccionar la ley
Pero, «a pesar de la buena noticia, no podemos estar contentos -admite Picard-. No podemos alegrarnos mientras no descienda significativamente el nivel de mortalidad». A su juicio, «hace falta perfeccionar la Ley y, a su vez, una toma de conciencia ciudadana». En esa línea, los 'listillos' le molestan. «Hay un tema fundamental y tremendo: el reglamento sancionador permite que la gente pueda recurrir. Las compañías de seguros y las personas avispadas utilizan este procedimiento para estirar el proceso. Entre que se pone la multa y se aplica la sanción, pueden pasar dos años, y eso es demencial», critica.
¿Herramientas legales contra la propia legislación? «Sí. Lo lógico sería que se aplicara la multa o se quitaran los puntos y luego se pudiera recurrir esa sentencia. Así ocurre en Francia y Portugal -pone como ejemplo-, pero aquí es a la inversa. Incluso el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, lo ha denunciado ante el Congreso», apostilla.
Aun así, la presidenta de Stop Accidentes se muestra optimista porque «la Justicia empieza a actuar» y porque «la mayoría de la gente ha rebajado la velocidad». Para ella, el sistema de los puntos ha sido decisivo, aunque se cuestiona de qué modo. «¿A qué teme la gente, a perder los puntos o a perder la vida?», pregunta.
