La aportación de los inmigrantes a la contabilidad de la Seguridad Social y en general a las cuentas públicas es hoy positiva. Esa situación cambiará en los próximos años, según la mayoría de los expertos económicos consultados por PriceWaterHouseCoopers en su análisis trimestral de coyuntura, publicado ayer. Esos técnicos abogan por que la Administración cierre cupos de personas con los gobiernos de los países de origen que mejoren la formación y cualificación de quienes llegan a España para trabajar.
Entre 1995 y 2006, la población inmigrante en España ha pasado de representar un 1,9% a un 10,6% del total. Un auge migratorio sin precedentes impulsado en primer lugar por las dificultades que esas personas encuentran en sus países de origen pero que se ha visto reforzado por el efecto llamada de los ya instalados. Así lo consideran los expertos, que añaden a los principales motivos del aluvión la posibilidad de acceso gratuito a servicios públicos (sanidad, educación, etc.), las mayores facilidades que ofrece el país respecto a otros similares y el reducido control sobre la inmigración no permitida.
Los inmigrantes han sido esenciales en el impulso del consumo privado en España (así lo piensa el 61% de los consultados) y en el fortalecimiento de la economía nacional. Sin embargo, lo dice el 51%, también han provocado un empeoramiento en la calidad de los servicios públicos.
Hasta ahora, añade el informe, cubren con holgura con sus impuestos (IVA, IRPF, etc.) el incremento del gasto público que generan. Pero eso no será así en el futuro. El 52% de los expertos cree que a medio y largo plazo, una vez hayan cubierto su ciclo vital, los inmigrantes consumirán más recursos de los que aportan. Ante la pregunta de si las políticas de inmigración de los últimos seis años han dado una respuesta adecuada a las necesidades laborales de la economía española, hay una matemática división de opiniones.
Sobre lo que sí hay consenso entre los expertos es sobre la necesidad de que quienes lleguen a España lo hagan con más formación técnica y con una mayor información sobre el país que les va a acoger. La encuesta revela que la sociedad española valora de forma negativa el incremento de la inmigración (el 56% de las respuestas). Visión negativa que no comparten los propios expertos que, también en un 56%, confiesan que es positiva.
Familias
Ya en términos macroeconómicos, el 60% de los consultados cree que el PIB crecerá este año entre un 3,1% y un 3,5%. El futuro se presenta más negro, pues siete de cada ocho expertos esperan una desaceleración en los siguientes ejercicios cuya intensidad «dependerá de la coyuntura internacional y, sobre todo, de la europea». El pesimismo se centra en las familias, para las que el 52% de las respuestas auguran un empeoramiento en su ahorro, riqueza y rentas salariales.
Para las empresas el escenario es distinto. El 87% de los consultados asegura que la situación es buena y siete de cada diez afirman que la bonanza se mantendrá en la primera mitad del año. La mayoría sitúa los tipos de interés en el 3,75% en junio. Sobre la inflación, el 45% apunta que no pasará del 3% interanual a finales de 2007.
