El 'caso Ibarretxe' seguirá su curso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El juez que instruye la causa contra el lehendakari por la reunión que mantuvo con dirigentes de Batasuna tras declararse el alto el fuego de ETA rechazó ayer la petición de los abogados de la defensa y de la Fiscalía para archivar el procedimiento. La solicitud, contraria a la de la acusación ejercida por el Foro Ermua, se sustentaba en un auto del Tribunal Supremo, fechado el 13 de noviembre pasado, por el que el Alto Tribunal madrileño descartó admitir a trámite una querella del sindicato de funcionarios Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su Gabinete y la dirección del PSE por haber autorizado la reunión que socialistas vascos mantuvieron el 6 de julio de 2006 en un hotel de San Sebastián con la ilegalizada izquierda abertzale.
La decisión hecha pública ayer, aunque con fecha del 28 de diciembre, por el magistrado Roberto Saiz permitirá continuar la fase de instrucción, a pesar de que las partes pueden presentar recurso de reforma o de apelación en los próximos días. La impugnación no impedirá que el juez continúe con las pruebas periciales, entre ellas tomar declaración al lehendakari.
El juez rechaza en su escrito de catorce folios los argumentos empleados por la defensa y la fiscal jefe, María Ángeles Montes, y concluye que «existen sustanciales diferencias» entre los hechos que juzgó el Supremo y los que analiza el TSJPV. Además de subrayar que aquel dictamen «no crea doctrina», insiste en que no es «factible» encajar lo que el Alto Tribunal sostiene en la causa contra el líder peneuvista.
Así, insiste en que tras «la lectura atenta y rigurosa» del escrito del Supremo no es posible deducir con «criterios estrictamente jurídicos y procesalmente neutrales» que ese auto «haya legitimado» la reunión del PSE y Batasuna. El magistrado utiliza el mismo razonamiento para advertir que no queda «exenta de responsabilidad» penal «cualquier otra reunión que se haya mantenido» con la izquierda abertzale «o vaya a producirse en el futuro». En esta línea, Sáiz recalca que en el caso analizado por el Supremo y en el que está en sus manos «no coinciden las partes querellantes ni las querelladas» -Manos Limpias no mencionaba a Batasuna como imputada-, e incide en que la resolución del Alto Tribunal «se circunscribe» únicamente al presidente del Gobierno y a su Consejo de Ministros, sin que llegara a emitir «pronunciamiento alguno» sobre la cita a la que acudieron López y Ares.
En un plano más jurídico, alude también a que los delitos imputados son distintos. Mientras Manos Limpias aludía al artículo 410 del Código Penal, el Foro Ermua cita el 556. La acusación entiende que en la reunión de Ajuria Enea los representantes de Batasuna, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena incurrieron en un delito de desobediencia al auto que prohíbe a esta formación cualquier tipo de actividad, mientras que Juan José Ibarretxe es el «cooperador necesario» para su comisión. El magistrado cree que sin «la convocatoria o invitación» a Batasuna no se habría llevado a cabo el delito.
«La ley no es obstáculo»
Por todo ello, el juez bilbaíno asegura que en el actual momento de la instrucción «no puede sostenerse con la certeza que la ley exige» que la actuación de Ibarretxe no se ajuste «siquiera indiciariamente» a lo que el Código Penal castiga. El magistrado desmonta también la argumentación de la defensa que justificaba la reunión como un paso más para conseguir la paz y que subrayaba la «oportunidad política» abierta tras el alto el fuego. Unas afirmaciones que, advierte el juez, sí deberán ser tenidas en cuenta durante la vista oral.
Saiz recuerda, en este sentido, que «la aplicación de la Ley» no supone nunca «un obstáculo a la consecución de la paz» si se cumple lo que establece «la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente». Rechaza, asimismo, las tesis de los abogados del lehendakari que sostienen que este proceso pretende «criminalizar el diálogo» y favorece «la vuelta a una situación a la que nadie desea regresar», en referencia al terrorismo de ETA.
El auto del TSJPV fue acogido por las partes de manera diametralmente opuesta. Mientras el Foro Ermua aplaudió que la decisión judicial coincida «punto por punto» con sus tesis, la portavoz del Ejecutivo autónomo, Miren Azkarate, la calificó como «un paso más en la labor de descrédito de la Justicia y del buen trabajo de muchos jueces». «Esta decisión -prosiguió la consejera- nos viene a enseñar que los únicos argumentos que le valen al TSJPV y al juez instructor son los del Foro Ermua».
