La Fiscalía de Cantabria ha decidido investigar las amenazas que la empresa navarra Erri Berri asegura recibir desde que el pasado mes de septiembre le adjudicaron la demolición de los dos primeros bloques de la urbanización El Encinar de Arnuero por 111.000 euros. Sobre estas viviendas situadas cerca de la costa cántabra pesa una sentencia firme que las condena a la piqueta desde el año 2000.
El Ministerio Público ha abierto diligencias en base a la denuncia que presentó hace unas semanas la asociación ecologista Arca, responsable de las demandas que propiciaron el fallo de demolición contra los apartamentos de Arnuero, y teniendo en cuenta también algunas «informaciones periodísticas» publicadas acerca del polémico asunto, matizó ayer la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera.
Un portavoz de Erri Berri reconoció hace dos meses que la entidad había recibido «treinta o cuarenta anónimos» en tono amenazante por parte de los afectados, en los que se les instaba a no llevar a cabo la demolición. No obstante, los vecinos siempre han desmentido haber presionado a la constructora. «Sólo nos hemos puesto en contacto para comunicarles lo que nos pasaba. Jamás les hemos amenazado», aseguran.
Rescisión de contrato
El alcalde de Arnuero, Juan Manuel Igual, señaló ayer que la empresa aún no ha respondido al emplazamiento que el Consistorio le hizo el pasado 11 de diciembre para aclarar su continuidad en el proyecto. «Se está escondiendo de los problemas, pero aún podría pronunciarse en cualquier momento», matizó el primer edil, que tiene previsto convocar una comisión de gobierno entre los días 20 y 25 de este mes para rescindir su contrato.
Por su parte, el gerente de Erri Berri, Félix Azcona, explicó que piensa ponerse en contacto con el Ayuntamiento para «ver si los ánimos se han apaciguado» y, en tal caso, «firmar y seguir adelante».
