Patrimonio no siempre es sinónimo de riqueza. A veces supone una carga, como los inmuebles de la Diputación que carecen de utilidad pública y no resultan atractivos para el mercado. El parque de atracciones, con sus inconfundibles pirámides, es el ejemplo más claro de una propiedad que sólo reporta gastos, pero no el único. El caserío Otei, en plena reserva de Urdaibai, pasa desapercibido pese a ser muy gravoso para las arcas forales. Cada año se destinan más de 150.000 euros a la vigilancia y mantenimiento del edificio sin que se vislumbre la forma de darle uso.
Fue una operación fallida. En diciembre de 1990, la Diputación adquirió esta finca de Ea al empresario Luis Olarra por 170 millones de pesetas (algo más de un millón de euros). Ejerció una opción preferente de compra por una deuda tributaria a propuesta del Departamento de Medio Ambiente, que vio en este idílico paisaje un escenario ideal para desarrollar el programa educativo Bizkaia Maitea. Sin embargo, el edificio, con 1.582 metros cuadrados de superficie, nunca llegó a utilizarse para este fin ni para ninguna otra actividad. La finca incluye, además, otra vivienda más pequeña, una nave de ganado y el extenso terreno que las rodea.
Durante más de diez años, hasta 2003, la propiedad siguió al cuidado de los guardeses que trabajaban para Olarra, ya que la Diputación se subrogó en el contrato. Ellos utilizaban la vivienda anexa a la principal y en este periodo percibieron 124.809 euros, según los datos que maneja el Departamento de Hacienda. Cuando se jubilaron, se encargó la vigilancia a la empresa que presta este servicio en todos los inmuebles forales «para evitar posibles intrusismos, dada la ubicación de la finca aislada en el monte». Así lo explica el diputado José María Iruarrizaga en una respuesta parlamentaria al Partido Popular.
A partir de ese momento los gastos se dispararon, tal y como se detalla en el escrito. La vigilancia es la partida más costosa, pero también se han acometido reparaciones en el tanque de gasóleo, arreglo de goteras, tratamiento de la madera y otros trabajos de mantenimiento. A la factura se suma el Impuesto de Bienes Inmuebles, que en los últimos años supera los 400 euros. En total, desde 2003 hasta hoy el caserío ha costado más de 631.000 euros a las arcas públicas. El año pasado, sólo en seguridad, se gastaron 157.000.
Subasta pública
Entre el pago a los guardeses y a la empresa de seguridad, la finca Otei ha consumido ya 756.000 euros, el 70% de lo que costó la compra, y eso sin tener en cuenta la inflación. La Diputación no ve una salida fácil a este agujero económico. Se han hecho gestiones infructuosas para convocar una subasta pública. Tampoco han prosperado las ideas que se han planteado para darle utilidad. «Este tipo de inmuebles tiene difícil salida», explican fuentes del Departamento de Hacienda. La institución foral aguarda «un proyecto convincente» para sacar a subasta la finca con un precio de salida de 1,3 millones de euros.
El apoderado del PP Arturo Aldecoa considera que éste es un ejemplo de «mala gestión del dinero público» y «descontrol» del patrimonio foral. «El primer año se puede permitir algún error, pero es inexplicable que en 16 no se haya hecho nada», recalca. «Si no se vende, que se le dé algún destino».
La de Ea es la segunda propiedad más gravosa para la Diputación, sólo superada por el parque de atracciones. Los gastos de mantenimiento del fracasado complejo de ocio del monte Avril, que incluyen vigilancia, mantenimiento y reparaciones, ascienden a 208.000 euros al año, sin contar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Sólo se aprovecha parte del recinto como almacén de los departamentos de Agricultura, Hacienda y Obras Públicas y Transportes.
