A pesar de que lo exige el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el derribo de los pisos ilegales de Arnuero parece estar todavía lejos. Cuatro meses después de que el Ayuntamiento adjudicara a Erri Berri la demolición de la primera fase, 22 pisos a medio construir en la promoción de El Encinar, la empresa todavía no ha cogido la piqueta. «Se niega a empezar si no hay un acuerdo previo entre las instituciones y los afectados», reconoció ayer el presidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela. 300 personas se manifestaron ayer en la localidad cántabra para denunciar la corrupción urbanística «generalizada en España».
Erri Berri siempre se ha mostrado partidaria de que se llegue a un acuerdo antes de derribar las primeras de los 144 viviendas declaradas ilegales en Arnuero. Sus responsables han reconocido la conveniencia de que se produzca una reunión entre ambas partes, «para normalizar el ambiente antes de decidir».
«A nosotros nos ha reconocido haberse sentido un tanto engañada porque desconocía la problemática social que giraba en torno a estos pisos antes de presentarse al concurso público para su demolición», explicó Vilela. Los afectados agradecieron a la firma el «tratamiento» que ha dado a la situación.
Esperanza de solución
AMA siempre ha defendido que el Parlamento de Cantabria establezca las medidas correctoras que permitan regularizar la situación de cerca de 2.000 afectados por la misma problemática en la comunidad autónoma. Otra vía posible es la modificación de los planeamientos urbanísticos de los municipios afectados. Y una tercera sería que, «con compromisos escritos y partidas presupuestarias aprobadas», se proceda a los realojos de los vecinos en nuevas casas levantadas en terrenos adecuados.
Ninguna de las tres opciones, sin embargo, ha sido aprobada por las instituciones. Al contrario, el Ayuntamiento de Arnuero ha anunciado que esta semana se abrirá el expediente para buscar una solución definitiva al derribo de los 22 pisos ilegales. El procedimiento administrativo puede concluir con sanciones a Erri Berri por no haber ejecutado los trabajos. Antes la institución local escuchará sus alegaciones. Incluso cabría la posibilidad de reiniciar el proceso de adjudicación desde el principio.
En la manifestación de ayer, AMA contó con el apoyo de vecinos no afectados por los derribos. «El pueblo se ha solidarizado con nuestro dolor», le agradeció Vilela. Según datos recabados por la propia asociación, un 1 millón de personas podrían estar afectadas por la corrupción urbanística en España. «Incluso la Unión Europea ha llamado la atención al Gobierno central por estas irregularidades», denunciaron.
