El Ministerio del Interior sancionará a los guardias civiles que el pasado sábado se congregaron en la Plaza Mayor de Madrid vestidos de uniforme con el tricornio para pedir la democratización y la desmilitarización del cuerpo y que profirieron gritos contra Zapatero. Según fuentes de la institución armada, el Gobierno ha cedido a las presiones del generalato, que pide el máximo rigor, y se inclina por una falta grave que no acarree la privación de libertad, pero estos futuros expedientes abren la puerta a la actuación de la justicia militar y a penas de cárcel.
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha pedido un informe a los servicios jurídicos para determinar si los 3.000 miembros de la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que se dieron cita en Madrid incurrieron en «conductas ilegales». El Mando Único esta dispuesto a acatar el dictamen de los jurídicos militares porque si no, a su entender, incurriría en prevaricación. El bi-director, consciente de lo delicado del asunto, ha pedido que los abogados militares se tomen con calma el estudio, por lo que no se espera el informe hasta los próximos días. Todo el trámite sancionador podría extenderse hasta tres meses.
No obstante, mandos y juristas de la Guardia Civil adelantaron ayer el contenido del borrador del informe. Los servicios jurídicos apuntan a que los participantes en el acto de la Plaza Mayor incurrieron en conductas sancionables recogidas en la todavía vigente Ley Orgánica 11/1991 de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Consideran que la concentración, en principio, podría ser una «falta grave», que establece castigos para los funcionarios que «infrinjan gravemente su deber de neutralidad política, realizando actos irrespetuosos». También apuntan a una sanción por vulnerar la prohibición de «reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina» y «hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a través de los medios».
De confirmarse la «sanción grave», los agentes uniformados podrían ser castigados con la pérdida de sueldo de entre cinco y veinte días, con la pérdida de destino o con el arresto en un «establecimiento disciplinario militar» entre uno y dos meses. El Mando Único se inclina por la sanción mínima a los dirigentes de la AUGC y no a todos los congregados. No obstante, algunos de los 30 generales pertenecientes al Consejo Superior de la Guardia Civil, que se reunieron el domingo de urgencia, han pedido a Mesquida el máximo rigor por un acto que consideran «la más grave ilegalidad protagonizada por la Guardia Civil desde el 23-F».
Expulsión del cuerpo
Algunos miembros del generalato, incluso, han insinuado la necesidad de sancionar la manifestación con faltas «muy graves», que acarrean la pérdida de puestos en el escalafón, la suspensión de empleo y la expulsión.
Mesquida, a pesar de las presiones de la cúpula militar, no quiere expulsiones y, mucho menos, mandar a la cárcel a ningún agente por una falta disciplinaria, sobre todo cuando este tipo de castigos está previsto que desaparezca en el nuevo régimen. Sin embargo el bidirector podría perder el control sobre el expediente si se califica de falta grave, lo que obliga a intervenir a la Fiscalía Militar. La aplicación de la legislación castrense es mucho más severa y contempla penas de hasta quince años de cárcel.
La portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, acusó ayer al PSOE de mentir a los guardias civiles por anunciarles reformas que no lleva a cabo, y Gaspar Llamazares pedirá explicaciones a Rubalcaba.
