Una de las diferencias más importantes entre los políticos y los jueces es que, mientras los primeros priman, en la toma de decisiones, la consideración de las consecuencias que aquellas pueden acarrear, los segundos tienden a guiarse en exclusiva por la interpretación de la ley, sin tener en cuenta los efectos que su aplicación estricta pueda causar. De ahí la diferencia que entre ambos grupos suele darse a la hora de valorar el mismo caso. Esto explica, por ejemplo, el despropósito de los políticos que han calificado de despropósito la última resolución judicial de la Audiencia Nacional sobre la situación penitenciaria de Iñaki de Juana Chaos, pues no han tenido suficientemente en cuenta que la perspectiva de ésta no es ni puede ser la misma que la que ellos adoptan. Frente al «consecuencialismo» de los políticos, los jueces prefieren inclinarse por el 'dura lex, sed lex' o, en el caso más exagerado, por el 'fiat ius et pereat mundus'.
Esta diferencia de puntos de vista ante la realidad constituye un factor de estabilidad del sistema democrático. La incertidumbre que conlleva la valoración, siempre subjetiva, de las posibles consecuencias políticas y sociales de un acto se ve compensada por la seguridad que ofrece la estricta aplicación de la ley. Y, a su vez, los excesos en que puede incurrir en ocasiones la rigidez de la ley -'summum ius summa iniuria'- pueden verse mitigados por el pragmatismo o incluso el oportunismo de quienes, además de la ley, manejan otras variables en sus razonamientos. El equilibrio consiste en el respeto recíproco entre ambas perspectivas y en la renuncia de cada una de ellas a imponer sus criterios a la otra. Quizá también, y esto sería aún más importante, en que ninguna de las dos caiga en la tentación de desempeñar su función específica echando mano de los instrumentos que corresponden a la otra.
Algo de esto último se ha perdido por el camino en el caso De Juana Chaos. Fue tanto el «consecuencialismo» que los jueces aplicaron cuando la causa se enmarañó en el procesamiento y condena del recluso por aquellos escritos amenazantes que resulta ahora muy difícil de creer que la resolución que ayer adoptó la Audiencia Nacional tenga sólo que ver con la pura y estricta aplicación de la ley, aun cuando su corrección jurídica esté, en este último caso, fuera de toda duda. Aquellos polvos han traído estos lodos. Pues bien, ya que el razonamiento «consecuencialista» se ha introducido sin permiso en la judicatura, no estaría de más que ésta lo siguiera aplicando ahora un poquito más, aunque sólo fuera para valorar las consecuencias perversas que su utilización espuria ha acarreado a su credibilidad e independencia. Mal hacen los políticos cuando presionan a los jueces, pero mucho peor hacen éstos cuando, por las razones que sean, se muestran sumisos a las presiones de aquellos.
