Sin duda nos gustaría vivir en un mundo sin escisiones morales, un mundo en que todo fuera posible y, además, sin ningún coste. El mundo de la adolescencia política. Pero ese mundo no existe, como lo prueba el que en muchas ocasiones haya que optar entre dos soluciones, y ambas sean malas. Así que, compartiendo o no la decisión adoptada por la Audiencia Nacional, respetemos por lo menos a quienes hemos delegado tan ingrata tarea.
Había sin duda argumentos para poner en libertad al preso, sólidos argumentos fundados en el pragmatismo, el falibilismo y la piedad. La cesión que se pedía no era tan grande, mientras que el riesgo de daño humano sí lo es. En este sentido, se ha argumentado razonablemente estos últimos días en contra de hacer un valor absoluto del Estado de Derecho, recomendando admitir su flexibilización cuando está en juego una vida humana. Sin embargo, también es cierto que quienes así argumentan lo hacen también desde el absolutismo de otro valor, el de la vida humana. Y es más que discutible que la vida sea un valor absoluto, sobre todo cuando ese valor se afirma en relación a cualquier vida particular, sin tener en cuenta el contenido que cada uno ha dado a la suya propia.
De hecho, si aceptamos que la salvaguardia de la vida humana debe prevalecer sobre el cumplimiento de la norma jurídica las consecuencias deducibles son estremecedoras. Pues, por idéntica razón, carecería de sentido la resistencia del Estado de Derecho ante el chantaje terrorista cuando se hace a sabiendas de que esa resistencia genera inevitablemente un coste de vidas humanas. Si la vida del preso está por encima de la ley, también lo estaban las de los cientos de asesinados por ETA, luego para salvarlas se debiera haber cedido hace muchos años. Y como esto no lo aceptaríamos, hay que concluir que hay algo equivocado en el razonamiento moral que lo apoya.
Creo que, para entender correctamente el dilema moral y jurídico planteado, es mejor descripción la de verlo como un choque de voluntades: la de la sociedad y la del delincuente. Este último ha llegado a arrojar en la balanza su propia vida como argumento decisivo para imponer su deseo. Pero ello no debe despistarnos acerca de los términos del dilema esencial, pues la vida humana se está utilizando en este caso de manera instrumental, como coartada para la auténtica cuestión en juego. Es el delincuente quien elige tratar la vida, su propia vida, como un medio en lugar de como un fin. La cuestión, entonces, no lo es tanto el valor de la vida humana, sino qué voluntad debe prevalecer. Los magistrados dicen que la voluntad de la ley, y la respuesta es razonable.
