El nivel de crispación que preside las relaciones entre la judicatura y el Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe no sólo no remite, sino que a medida que pasan los días, aumenta varios grados. En un gesto inusual que evidencia la confrontación permanente en la que se han instalado el Poder Ejecutivo y el Judicial en Euskadi, los presidentes de las tres Audiencias provinciales y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia divulgaron anoche una carta abierta en la que, en clara alusión al lehendakari, resaltan que «ninguna autoridad goza en España de impunidad penal» y que todas tienen «el deber de soportar el enjuiciamiento».
El encausamiento del jefe del Ejecutivo autónomo como «cooperador necesario» en un delito de desobediencia cometido por tres dirigentes de Batasuna con los que se reunió tras el alto el fuego de ETA ha hecho saltar por los aires los últimos resquicios de cortesía institucional entre magistrados y Gobierno que aún quedaban en pie. Ibarretxe tendrá que acudir como imputado ante el TSJPV este miércoles. Será la primera vez que un lehendakari se vea en una situación parecida.
Los nacionalistas han ido 'calentando' la comparecencia con varias convocatorias destinadas a arropar a Ibarretxe. El lunes, una manifestación -apoyada por PNV, EA, EB y Aralar- recorrerá las calles de Bilbao bajo el lema 'En defensa de nuestras instituciones'. El mismo miércoles -mientras el lehendakari declara ante el presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro-, la formación jeltzale ha llamado a sus militantes a que se concentren frente a la sede judicial en la capital vizcaína. Pero, además, hoy mismo, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, leerán de forma solemne un comunicado en relación con las últimas decisiones emitidas por los magistrados.
En este bronco contexto, los presidentes de las Audiencias provinciales de Vizcaya -Ana Iracheta-, Guipúzcoa -María Victoria Cinto-, y Álava -Iñigo Madaria-, así como el máximo responsable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior -Juan Luis Ibarra-, emitieron ayer un duro texto en el que, sin mencionarle, instan a Ibarretxe a respetar los procedimientos judiciales.
Varias horas
Bajo el título 'Más allá de la Justicia no habita la Democracia', recuerdan al jefe del Ejecutivo autónomo que la democracia se construye en torno a la «sujeción» de los ciudadanos «y los poderes públicos» al «ordenamiento jurídico». «Ninguna autoridad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial goza en España de impunidad penal», señalan los jueces en un documento cuya redacción se prolongó durante varias horas para estudiar «hasta la última coma», según fuentes jurídicas.
Los cuatro firmantes argumentan que la Constitución prevé que los ciudadanos, «mediante la acción popular», pueden promover que comience un proceso penal. Y añaden que si el juez decide iniciarlo, la Carta Magna y el Código Penal disponen que la «persona querellada tiene el deber de soportar el enjuiciamiento y el derecho a defenderse de la acusación».
A pesar de estar situado en el centro de la polémica, la nota no ha sido suscrita por Ruiz Piñeiro, que sí ha apoyado documentos similares. De haberlo hecho ahora, habría quedado 'contaminado' y podría ser recusado por la defensa de Ibarretxe.
