Sin la presencia de Juan José Ibarretxe, varios miles de personas recorrieron ayer las calles de Bilbao para rechazar la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el lehendakari por reunirse con una delegación de Batasuna. La manifestación -convocada por PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar- finalizó con la lectura de un manifiesto leído conjuntamente por Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, en el que se sostiene que el proceso instruido por el TSJPV es una «falta de respeto institucional» y «una clara interferencia política».
La marcha constituyó el primero de los actos con los que los integrantes del Ejecutivo autónomo y Aralar pretenden mostrar públicamente su desagrado con las últimas actuaciones adoptadas por la judicatura. El segundo se desarrollará mañana con una concentración a las puertas del Tribunal Superior a la misma hora en la que declarará como imputado Ibarretxe.
El episodio de arranque de esta campaña se celebró sin la presencia del principal protagonista. Una hora antes de iniciarse la manifestación, Ajuria Enea confirmó que el lehendakari no acudiría a la capital vizcaína para no restar «protagonismo» a «todas y cada una de las personas» que iban a participar en la misma.
Una ausencia que se dejó notar y que provocó que el ambiente fuese bastante más frío de lo esperado. Los temores de que la concentración acabase convertida en un acto de exaltación de la figura de Ibarretxe y de ataque a la cúpula judicial -en especial, al presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro- no se cumplieron. No hubo ni un solo incidente.
Casi con absoluta puntualidad, la marcha partió a las 19.32 de la Plaza Moyúa tras una pancarta portada por ciudadanos anónimos bajo el lema, en euskera y castellano, 'En defensa de nuestras instituciones'. Tras ellos, una amplia representación política. Como era de prever, a la cita acudió la práctica totalidad del Gobierno vasco y la cúpula del PNV, liderada por su presidente, Josu Jon Imaz; el portavoz del EBB, Iñigo Urkullu; la secretaria, Josune Ariztondo; los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa, José Luis Bilbao y Joxe Joan González de Txabarri; el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna; y el presidente del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar. La delegación de EA estuvo encabezada por su secretario general, Unai Ziarreta; la secretaria de Comunicación, Onintza Lasa; y la diputada Begoña Lasagabaster. De Ezker Batua acudieron Javier Madrazo, coordinador general; y los parlamentarios Oskar Matute y Antton Karrera. Por parte de Aralar, la portavoz parlamentaria, Aintzane Ezenarro.
En silencio
La manifestación transcurrió en silencio, apenas roto por esporádicos aplausos. Sólo hubo una pancarta. Según fuentes municipales citadas por Europa press, hubo cerca de 45.000 personas. A la celebrada a mediados de este mes para rechazar el atentado de ETA en la T4 y exigir diálogo acudieron casi el doble. Los asistentes atravesaron la Gran Vía bilbaína hasta desembocar en la Plaza del Arriaga. Al pie del teatro del mismo nombre, los organizadores colocaron un pequeño escenario al que subieron los ex lehendakaris Garaikoetxea y Ardanza.
Intercalando castellano y euskera, los antecesores de Ibarretxe leyeron un comunicado consensuado por las cuatro fuerzas convocantes. Un texto de apenas tres folios con el que se quiso exponer el malestar existente con «la actuación de la Sala de lo Penal» del Tribunal Superior. El documento lanza un doble argumento: la democracia se asienta sobre el principio de la división de poderes, que establece «un sistema de controles mutuos», pero «este equilibrio» está siendo «claramente violentado en el Estado español» por algunas decisiones judiciales. En este sentido, se puntualiza que la capacidad de control del Poder Judicial «nunca puede realizarse para impedir a nuestros representantes sus derechos fundamentales».
De forma solemne, Garaikoetxea y Ardanza recalcaron que «una cosa es controlar que las actuaciones de los políticos, como las de cualquier ciudadano», se ajustan a derecho y «otra impedir que quienes nos representan vean seriamente limitada su capacidad de actuación». A su juicio, la decisión del Tribunal Superior de citar como imputado a Ibarretxe «condiciona la actividad democrática». El texto va todavía más lejos y señala que «llamar al lehendakari a declarar como imputado en esta causa penal por haber dialogado en busca de la paz, constituye una falta de respeto institucional y supone un ataque al conjunto de la sociedad vasca».
Los firmantes del comunicado resaltan las «dificultades» y las «amenazas» que han sufrido los jueces, y que muchos de ellos llevan a cabo su tarea con «una integridad encomiable». Sin embargo, también muestran su preocupación por la «progresiva judicialización de la política» y la «politización de la Justicia». Como conclusión, Garaikoetxea y Ardanza -cuya lectura fue interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de los presentes- exigieron el «archivo inmediato de la injustificable causa penal abierta» contra Ibarretxe.
Los dos ex lehendakaris se mantuvieron casi fieles al guión original. Ardanza cerró el acto con un agradecimiento enviado por el actual presidente del Gobierno vasco. Garaikoetxea improvisó y puso el punto y final: «¿Gora Euskadi askatuta!». Un grito secundado por la multitud.
