A comienzos de 1917, la prosperidad bilbaína se vio seriamente amenazada. La de toda España, a decir verdad, porque el 1 de febrero la prensa nacional se hacía eco de una nota emitida por el Gobierno alemán en la que se hacía saber que, a partir de esa fecha, los Imperios Centrales y sus aliados dejarían de respetar todas las leyes de neutralidad y de humanidad vigentes hasta ese momento. ¿Qué significaba aquello? Llana y sencillamente, que cualquier barco, beligerante o neutral, que navegase dentro de las aguas señaladas por Alemania como zona de guerra sería atacado y hundido sin previo aviso. El comunicado, que no dejó indiferente a nadie, daba como excusa el rechazo de los aliados a la última oferta de paz alemana.
La reacción de la prensa nacional fue inmediata: «Los Imperios Centrales adoptan una actitud desesperada». «España no puede limitarse a esperar lo que otros hagan». «La medida que anuncian es ilegal e inicua». «Los fruteros, los mineros, los exportadores van a quedar arruinados». «El hambre se enseñoreará de prósperas regiones españolas». «Faltará el carbón inglés para nuestras industrias»... El tono de alarma era contundente. ¿Qué hacer? El Gobierno de Romanones, por su parte, estaba completamente desorientado. Lo más que pedía era prudencia y que, bajo ningún concepto, se inquietase a la población. Para ello se amenazó a la prensa con aplicar una severa censura si aireaba en exceso el problema. ¿Había llegado a su fin la era de prosperidad? ¿Entraría España en la guerra?
Cierre del Parlamento
Conscientes del daño causado, las autoridades alemanas enviaron otra nota en la que reiteraban al Gobierno español «su ofrecimiento de arrendarle un considerable número de buques alemanes surtos en puertos españoles para que los pudiera utilizar». Obviamente aquello no era una solución. Todo lo contrario. Significaba pasar de ser objetivo de los submarinos germanos a convertirse en blanco de las armadas aliadas. La situación no podía ser peor. Además se temía que EE UU declarase la guerra a Alemania, una decisión que podía arrastrar a España.
Lógicamente, semejante estado de alarma provocó una brusca caída de la Bolsa bilbaína. El 4 de febrero, la 'Sotas' perdieron 110 enteros; las 'Uniones', 80; las 'Vascongadas'y las 'Olazarris', 65 y las 'Vasco-Cantábricas', 80. En esta línea se manifestaron también, aunque con descensos más moderados, las mineras. Para añadir más tensión, el día 5 el Gobierno decretó el cierre del Parlamento y suspendió todas las garantías constitucionales.
La conclusión de todo aquello era clara: la paralización del transporte marítimo y, como consecuencia, el frenazo de las exportaciones, sólo podía conducir a una crisis económica profunda. No era únicamente un varapalo para las navieras, sino para todos los sectores productivos en general. En Bilbao se tenía muy claro que un corte en el suministro de carbón acabaría por hundir a toda la industria. Ante semejante panorama, la reacción de la población no se hizo esperar. El miedo al desabastecimiento provocó el acaparamiento desmedido de alimentos, lo que originó un preocupante aumento de los precios, sobre todo de los productos de primera necesidad.
El 7 de febrero la prensa recogió un rumor que, a todas luces, parecía ser verdad. Se decía que Gran Bretaña había lanzado una oferta muy seria de compra de la flota a los navieros bilbaínos. Les ofrecían 30 libras por tonelada, además de reservarles el derecho a recuperar la flota una vez terminada la guerra. En caso de no querer vender, proponían un arriendo a razón de 35 chelines por tonelada al mes. Semejante proposición fue tomada en consideración por los navieros, aunque, antes de contestar en firme, decidieron esperar a la evolución de los acontecimientos.
Tampoco faltaron voces, como la del diputado a Cortes por Vizcaya, don Horacio Echevarrieta, que abogaban por la continuación de las exportaciones junto con un requerimiento enérgico al Gobierno para que negociase sin miedo frente a los alemanes. En esta línea se manifestaron todos los representantes de la industria, el comercio, la minería, la navegación y la Banca de Vizcaya que exigieron al Ejecutivo español que tomara las medidas necesarias para obtener el merecido respeto por parte de los Imperios Centrales.
Lanchas de motor
Estas iniciativas locales tuvieron como consecuencia un frenazo en la caída de los valores en Bolsa, mientras los navieros vizcaínos, por su parte, se empeñaron en mantener ese espíritu de superación. Así, el 11 de febrero, la Asociación de Navieros de Bilbao recomendaba a sus asociados que proveyeran a todos sus buques de lanchas de motor para facilitar la puesta a salvo de las tripulaciones. Era evidente que querían salir de nuevo a la mar, aunque aún les quedaba por solventar otro interrogante: ¿venderían, como querían los ingleses, sus barcos mercantes?
En las negociaciones protagonizadas por representantes del Gobierno y comisionados de las navieras vizcaínas se pudo entrever que en el ánimo de estos últimos estaba el retornar a la actividad. Incluso se llegó a barajar la idea de que barcos de la Armada española escoltasen a los mercantes. Finalmente se decidió, en pro de la minería y de la industria siderúrgica, aceptar la oferta británica, por lo que se tomó el acuerdo de vender una parte del tonelaje. Exactamente 81.000 toneladas. Los navieros se reservaron más de 400.000. Con esta medida se consiguió serenar los ánimos y hacer descender el nivel de angustia.
Así pasó aquel febrero negro de 1917. Los productivos negocios se mantuvieron, aunque, a decir verdad, la mayoría de la población continuó con una vida cada vez más estrecha. Los precios de las subsistencias seguían al alza y los especuladores, pese a lo que se dijera, campaban a sus anchas.
