La secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, participó ayer en unas jornadas sobre extranjería organizadas por los socialistas vascos en Bilbao.
-El hecho de que Euskadi no haya acogido a menores inmigrantes procedentes de Canarias ha desencadenado todo un enfrentamiento entre el Gobierno vasco y las diputaciones ¿Cree que el País Vasco ha actuado de forma insolidaria?
-No es que lo crea, es que lo ha sido. A fecha de hoy tenemos 300 menores en diferentes centros de la Península y ninguno está en el País Vasco. Soy consciente de que se trata de una competencia foral, pero también es cierto que la consejería del señor Madrazo debería haber buscado foros de encuentro y no lo ha hecho. Nadie duda de que puede haber dificultades, pero se vencen cuando hay voluntad política. Y en este caso la he echado de menos. La verdad es que esperaba más solidaridad y cooperación por parte del consejero.
-¿Ocurre lo mismo con los adultos?
-Digamos que tampoco hay una colaboración excesiva. Llevamos dos años con el programa de traslado de adultos en el que, por cierto, han colaborado todas las comunidades autónomas, y de las 15 plazas ofertadas por el País Vasco, a día 15 de enero de 2007 no se ha hecho efectiva ninguna. La solidaridad se demuestra con hechos y no con palabras.
-¿Cabe la posibilidad de que las diputaciones participen en alguna reunión del Consejo Sectorial de la Inmigración tal y como han solicitado?
-No. Los responsables en esta materia son los gobiernos autonómicos. Las diputaciones lo que tienen que hacer es trasladar su voluntad al Gobierno vasco y el Gobierno vasco nos la traslada a nosotros. De hecho, Euskadi no es la única comunidad que tiene esta competencia transferida. Lo que quiero dejar claro a la sociedad vasca es que acoger a un menor no acompañado no va a suponer ni un solo euro de coste para ningún ciudadano porque está totalmente financiado por el Gobierno central.
-Las diputaciones argumentaban «falta de espacio».
-Insisto en que es una cuestión de voluntad política. Los gobiernos autonómicos, por ejemplo, tienen la potestad para hacer que un centro educativo pueda ser al mismo tiempo y si reúne las condiciones adecuadas, un centro de acogida.
Educación y cayucos
-La batalla campal vivida en Alcorcón hace un par de semanas ponía de relieve la preocupación social por la existencia de bandas latinas.
-Lo que pasó en Alcorcón fue un problema de orden público, independientemente de que los protagonistas fuesen españoles o extranjeros, si bien es cierto que hay sectores interesados en alterar la convivencia para inducir al mismo tiempo racismo y xenofobia. Lo que hay que hacer es acabar con el gamberrismo y la violencia juvenil en todos los ámbitos.
-¿Hasta qué punto se ha logrado la integración de los inmigrantes en la comunidad educativa ?
-En Andalucía, por ejemplo, existe un plan educativo para las poblaciones con un número importante de alumnado inmigrante y la educación pública no se ha resentido. Sigue teniendo la misma calidad y ofreciendo los mejores resultados. Simplemente hay que tener los recursos y profesionales necesarios porque los niños extranjeros no son ni más tontos ni más listos que los españoles.
-¿La dramática situación política y social que atraviesan países como Guinea o Senegal hacen pensar en una nueva oleada de cayucos?
-Le voy a dar tres razones para explicarle por qué este verano hemos tenido la llegada de una nueva embarcación, de inmigrantes de orígenes distintos a los habituales... En primer lugar por la situación que se vive en África sigue siendo complicada. En segundo lugar, porque hasta ahora la inmigración clandestina procedía de Marruecos, y en tercer lugar porque hace unos años nadie podía llegar a Canarias desde Guinea, Senegal o Gambia al no disponer de GPS o de motores tan potentes como los que se fabrican hoy en día..
-La revolución tecnólogica.
-Efectivamente. Las mafias han cambiado las rutas, los métodos y los instrumentos para extorsionar a los inmigrantes. Hay que trabajar en los países de origen en la creación de riqueza económica, social y en el desarrollo democrático, mientras que en nuestro país deberíamos fomentar la contratación de los trabajadores en origen.
-¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos rumanos y búlgaros que se encontraban en situación ilegal antes del 1 de enero de 2007?
-Los ciudadanos que tuvieran su tarjeta de residencia y su permiso de trabajo antes de esa fecha no tienen que hacer nada. Lo mismo ocurre con los que vayan a trabajar por cuenta propia o sean estudiantes. El resto -trabajadores por cuenta ajena- han de tener una tarjeta que los identifique como residente para poder ser contratados. El problema no es la tarjeta, el problema es que necesitan un contrato de trabajo.
-Los últimos datos sobre inmigración cifraban en 3 millones el número de extranjeros en España. Sin embargo, el padrón...
-El padrón da la cifra de empadronados en España, pero no el número de personas que viven en España. En la actualidad, un ciudadano extranjero puede empadronarse en cualquier localidad sin necesidad de personarse físicamente. Por este motivo, vamos a reformar la Ley de Régimen Local y exigir la presencia física del titular.
-¿La sociedad española es racista?
-Rotundamente no. La sociedad española es una sociedad abierta, generosa y acogedora. Ahora bien, eso no impide que muestre inquietud por un fenómeno que es nuevo para nosotros.
