El director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro, acusó ayer a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, de carecer de «voluntad política» para resolver los problemas planteados por la llegada de miles de 'sin papeles' a Canarias. Marro respondió así a las críticas vertidas el pasado jueves por Rumí, quien afirmó que el País Vasco ha sido una de las comunidades «más insolidarias» a la hora de acoger a esos menores subsaharianos que llegaron a las islas en pateras.
«La solidaridad de la que hace gala el Gobierno central -explicó el responsable vasco de Inmigración- se traduce en trasladar a la Península a inmigrantes llegados a Canarias con alojamiento y comida garantizados durante 15 días, unos pocos euros en el bolsillo y un expediente de expulsión que hace imposible la regularización y normalización de su situación en el Estado español, lo que les condena a la marginación y genera temor e incertidumbre en las sociedades de acogida».
Según datos de la Administración vasca, las tres diputaciones atendían a comienzos de este mes a más de 400 menores extranjeros no acompañados (MENA), cincuenta de los cuales llegaron a Euskadi desde el pasado verano. Los gobiernos forales de Álava y Guipúzcoa se han mostrado dispuestos a acoger un reducido contingente procedente de Canarias, mientras que el de Vizcaya insiste en que sus centros están saturados. «Hay plazas disponibles en Euskadi. Aunque el Gobierno central lo sabe, no ha hecho un solo movimiento para cubrirlas», denunció Marro.
El director de Inmigración aseguró que el Ejecutivo de Ibarretxe ha pedido que se elabore un plan global para hacer frente a la situación de las islas. También acusó a Consuelo Rumí de mentir cuando sostiene que el Gobierno vasco nunca ha buscado foros de encuentro sobre este asunto, una función que, a su modo de ver, corresponde a la Administración central.
Subvenciones
Tanto al acudir al Consejo Superior de Políticas Migratorias, en el que participan el Ejecutivo central y los autonómicos, como en un encuentro con la directora de Integración Social del Ministerio de Trabajo, Marro aseguró haber solicitado que las discusiones se trasladen a un órgano que permita intervenir a las diputaciones, pues son ellas las que tienen la competencia de los menores.
Al responsable vasco le parece «especialmente preocupante» que el Gobierno de Zapatero «esté condicionando» las subvenciones que destina a las comunidades autónomas a que se ocupen de los menores de Canarias. También criticó que la Administración estatal esté negociando su acogida «en comunidades religiosas al margen de los gobiernos autonómicos y forales, una medida ilegal que hace imposible su seguimiento y que no garantiza el respeto de los derechos que les asisten».
Por su parte, el diputado de Acción Social de Vizcaya, Juan María Aburto, recordó que ese territorio histórico es, «después de Canarias», el que más menores extranjeros atiende en relación con su población. «Acogemos a 270 en estos momentos, lo que supone 128 más que hace un año. En 2006 pasaron 470 menores por nuestros centros. Estamos desbordados desde 2001, pero nunca hemos recibido ayuda alguna de la Administración del Estado», dijo Aburto.
Para la Diputación de Guipúzcoa, las críticas de Consuelo Rumí pretenden «ocultar la nefasta gestión del Gobierno español en una cuestión que en septiembre pasado era una emergencia humanitaria, pero que, una vez pasado el revuelo mediático, se ha prolongado por su exclusiva responsabilidad». Según el gobierno foral guipuzcoano, sus centros atienden a 101 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 38 reciben atención en alojamientos provisionales.
