La Diputación mantendrá su sistema de valoración y su cartera de servicios para personas mayores que no se valen por sí mismas y discapacitados independientemente de los «nuevos instrumentos» que introducirá la Ley de Dependencia. Juan María Aburto volvió a recalcar que la normativa del Gobierno central se queda corta en comparación con las políticas forales. El Departamento de Acción Social atiende a 15.300 personas dependientes en residencias y centros especializados o a través de la teleasistencia. Los ayuntamientos, por su parte, ofrecen ayuda a domicilio a 11.000 vizcaínos.
«Muchas de estas personas no recibirían atención con la Ley de Dependencia», aseguró Aburto. «En los primeros años, sólo los grandes dependientes van a entrar en el sistema». El responsable foral también comparó cifras. «Creo que nos han asignado cuatro millones de euros en 2006 y nosotros hemos gastado 113». En su opinión, la ley «llega en principio a pocas personas y con pocos recursos», pese a los «discursos exagerados o propagandísticos».
La Diputación tendrá que implantar «nuevos equipos de valoración y nuevos instrumentos» a medida que se desarrolle esta normativa. Pero mantendrá en paralelo su propio sistema para garantizar que «quienes queden fuera van a ser atendidos».
«Invasión competencial»
Aburto considera superado el debate sobre la «invasión competencial» que supone la Ley de Dependencia y le reconoce como virtud el hecho de recoger en un texto legal «un nuevo derecho de ciudadanía». Cree que será «complicado» desarrollar algunos aspectos. «Los cuidadores tendrán que darse de alta en la Seguridad Social. ¿Qué ocurre cuando en un matrimonio de jubilados uno cuida a otro?». Lo que es indiscutible es que el concepto ha calado en todas las instituciones. La convocatoria de ayer en el Palacio foral, sobre los servicios para personas mayores y discapacitados, se presentó por los responsables del territorio como 'balance de atención a la dependencia'.
