Ezker Batua presentó ayer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una denuncia contra el Ayuntamiento de Gorliz por presunta prevaricación en las oposiciones para cubrir cuatro plazas de peón en la brigada de obra municipal. Según la formación denunciante, el teniente de alcalde actuó como presidente suplente del tribunal a pesar de ser padre de uno de los aspirantes. EB había exigido por este motivo la anulación del concurso, que fue rechazada por el Ayuntamiento.
«Las plazas ya han sido adjudicadas», explicó ayer el coordinador de EB en Uribe Costa, Juan Vicente Ojinaga. Según detalló, el teniente de alcalde y concejal de Obras Públicas, Javier Garrido, sustituyó al alcalde, el peneuvista Patxo Igartua, como presidente del tribunal opositor «durante 15 días del mes de julio del año pasado, cuando uno de los opositores era su propio hijo», que ha obtenido uno de los puestos. A juicio de EB, esta situación «vulneró el artículo 28/2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».
En la denuncia, tanto Ojinaga, como la portavoz de la asamblea de EB en Gorliz, María Urbizu, señalan además «la situación de discriminación que han sufrido algunos de los aspirantes a la oposición». El tribunal «evaluó con cuatro puntos el conocimiento de euskera, cuando las plazas a concurso estaban exentas de perfil lingüístico, según consta en las bases del concurso». Pese a que varios aspirantes exigieron ver sus calificaciones desglosadas «prueba a prueba en las actas originales, el Ayuntamiento nunca se las remitió y se limitó a enviarles una relación a ordenador de las notas sin firma de los miembros del tribunal y sin sello del día en el que las pruebas fueron calificadas».
Ojinaga añadió que «ante este proceder, los afectados presentaron un recurso de alzada». Pero el Ayuntamiento respondió desestimando su reclamación quince días después de publicar la lista definitiva de concesión de las plazas». Además el escrito de respuesta «iba firmado por la junta de gobierno del Ayuntamiento, entre cuyos miembros se encuentra el edil Javier Garrido, y no por el tribunal calificador, como ordena la Ley». EB pide a la Fiscalía del TSJPV que «ante este cúmulo de irregularidades, analice las pruebas, abra una investigación e inicie un procedimiento penal contra el Consistorio».
Un portavoz del Ayuntamiento de Gorliz respondió ayer que el Consistorio «ha respetado la legalidad a lo largo de todo el proceso de oposición. Daremos una respuesta oficial en el momento que llegue la denuncia a la casa consistorial, hecho que todavía no se ha producido».
