Cinco años después de los hechos, el jurado encontró ayer culpable por unanimidad al joven colombiano Jefferson Escobar Franco, de la muerte a cuchilladas de un vecino de Santurtzi en la madrugada del 23 de marzo de 2002 en la puerta de una discoteca de Castro Urdiales (Cantabria). El acusado había logrado esquivar a la Justicia hasta ahora gracias a dos fugas, la primera después del crimen, cuando huyó a Colombia, y la otra, en 2006, al escapar de la cárcel de Santander oculto en una bolsa de basura. El pasado lunes se sentó al fin en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un tribunal popular en la Audiencia de Cantabria.
Las cinco mujeres y cuatro hombres, más dos suplentes, que integraban el jurado comenzaron a deliberar a las nueve de la mañana de ayer, después de que el miércoles concluyera el juicio. Los jurados llegaron a consensuar un veredicto a media tarde de ayer, después de ocho horas incomunicados, informaron ayer fuentes judiciales. Según el objeto del veredicto al que ha tenido acceso este periódico, el tribunal considera probado que Jefferson Escobar sostuvo una pelea con un grupo de personas, entre las que no se encontraba la víctima. Después, se fue a su casa, cogió un cuchillo o navaja y regresó a la zona de copas. Al encontrarse de nuevo con Víctor Manuel Santillana y tras una discusión, sacó el arma y le apuñaló en la cabeza, el tronco y un brazo, y salió huyendo. El cuerpo presentaba 14 heridas de arma blanca.
Jefferson declaró que sólo había pegado «dos puñaladas» a la víctima. Los nueve miembros del tribunal no dieron credibilidad a su testimonio y opinan por contra que «causó deliberadamente la muerte» del joven vasco y que el ataque se produjo «de forma sorpresiva y sin previo aviso». El agresor había bebido, pero «no en cantidad suficiente para afectar a su capacidad de comprender lo que hacía».
Para el fiscal, los hechos probados constituyen un delito de asesinato y pide para el procesado una pena de 18 años de cárcel. La acusación particular, que representa los intereses de la familia de la víctima, añade además la agravante de ensañamiento y eleva la petición a 23 años de prisión, además de 150.000 euros de indemnización a la hija, la madre y los hermanos de Víctor Manuel Santillana. La defensa, por su parte, interpreta que el veredicto de culpabilidad se refiere a un homicidio y reclama para su cliente la pena mínima, no superior a los diez años de prisión.
A partir de ahora, el presidente del tribunal, José Luis López del Moral, tendrá que «aplicar el Derecho» a la decisión del jurado, según las palabras que él mismo empleó al comienzo de la vista oral, y fijar una pena para el reo. Los integrantes del tribunal se opusieron a la petición de indulto para el condenado.
