El espinoso asunto de los llamados vuelos de la CIA llega por primera vez a un tribunal europeo y la Justicia empieza a pedir cuentas a los gobiernos. Tal como se esperaba, una juez de Milán confirmó ayer el procesamiento de 26 agentes de la CIA, la cúpula de los servicios secretos italianos y otros funcionarios de este país por el secuestro del ex imán Abú Omar en 2003.
Ventiladas las audiencias preliminares iniciadas hace un mes, la magistrada ha mantenido los cargos y ha fijado el inicio del juicio para el próximo 8 de junio a un total de 33 imputados. Dos acusados, un periodista acusado de espiar a los fiscales para los servicios secretos y un policía, han preferido asumir las imputaciones y pactar ya una pena, que han sido, respectivamente, de 6.000 euros y un año y nueve meses.
Al margen de las responsabilidades de los agentes de la CIA, que nunca llegarán a sentarse en el banquillo y de cuya implicación caben pocas dudas, la clave del proceso es aclarar la complicidad o no de las autoridades italianas.
El Ejecutivo de entonces, presidido por Silvio Berlusconi, siempre ha negado todo y el de Prodi, que ha heredado este problema envenenado, se ha mantenido en el papel por sentido de Estado, pero al final lo ha hecho propio. La Fiscalía acusa al ex director de los servicios secretos militares (SISMI), Nicolò Pollari, recientemente relevado a raíz del escándalo, de autorizar la colaboración de agentes italianos.
Pollari es el cargo institucional más alto acusado por el caso y se ha escudado hasta ahora en el secreto de Estado, pero el tribunal no lo ha admitido y es un misterio qué ocurrirá cuando empiece el juicio. Dicho esto, saber cuándo terminará y se sacará algo en claro, dados los particulares ritmos de la Justicia italiana, es un misterio más grande todavía. Por último, otro posible obstáculo se cierne sobre el proceso: el Gobierno ha acusado esta semana a la Fiscalía ante la Corte Constitucional de violar el secreto de Estado durante la instrucción y de incurrir en un conflicto de competencias.
Si el alto tribunal acepta el recurso, el juicio podría suspenderse y más aún si le da la razón al Ejecutivo. El pulso entre la Justicia y el Gobierno de Prodi por este caso, hasta ahora latente, ha pasado a campo abierto.
Primer secuestro
El 'caso Abú Omar' es uno de los primeros secuestros de la CIA de los que se tuvo noticia y también uno de los mejor documentados. Ocurrió exactamente hace ahora cuatro años, un 17 de febrero de 2003, cuando este ex imán de la mezquita de Milán, sospechoso de lazos con el terrorismo islámico, fue abordado en plena calle, en la Via Guerzoni de la ciudad lombarda, por un grupo de hombres e introducido en una furgoneta. Tres semanas más tarde, el 'Corriere della Sera' ya señaló en una pequeña nota que Abú Omar había desaparecido y se sospechaba de agentes extranjeros. Entonces era una novedad y quedó olvidado como un caso extraño. Sin embargo, el propio Abú Omar llamó a su casa un año después desde algún lugar desconocido y dijo que había sido secuestrado por agentes norteamericanos.
La Fiscalía de Milán comenzó a investigar y en junio de 2005 ya cursó peticiones de arresto contra miembros de la CIA en Italia. La operación había sido llevada a cabo sin que sus autores se preocuparan demasiado por disimular, porque dejaron un rastro muy visible de llamadas y facturas en hoteles.
La reconstrucción final de los fiscales milaneses fue muy precisa. Abú Omar fue secuestrado, trasladado en una furgoneta a la base norteamericana de Aviano, cerca de Venecia, y luego, en un avión 'Learjet', a otra base de EE UU en Ramstein, en el sur de Alemania. Tras ser interrogado y torturado, la CIA alquiló un avión 'Gulfstream', propiedad del equipo de béisbol de los Red Sox, y lo llevó a El Cairo, donde lo entregó a las autoridades de Egipto. Abú Omar, egipcio y sospechoso de ser un islamista radical, fue encarcelado en su país y sólo fue puesto en libertad el pasado domingo, cuatro años después.
En unas breves declaraciones se definió como «un desecho humano» tras la experiencia y dijo que ahora sólo quería vivir tranquilo. Sin embargo, la prensa italiana publicó ayer que desea volver a Italia y colaborar con la Justicia.
El caso empezó a salpicar al Gobierno de Berlusconi, aliado de Bush, Blair y Aznar en la invasión de Irak, cuando una vez demostrado que se trataba de un secuestro de la CIA, la pregunta más natural era cómo había sido posible que agentes extranjeros se movieran con tanta tranquilidad en suelo italiano. 'Il Cavaliere' desmintió varias veces que el Gobierno estuviera al corriente, al tiempo que se negaba a cursar la petición de extradición de los agentes de la CIA.
Desmentidos
Sin embargo, los desmentidos tuvieron que ir subiendo de calibre a medida que se iban sabiendo más detalles, hasta negar que se hubiera autorizado la operación y, aún más todavía, que Italia hubiera colaborado. Pero eso fue precisamente lo que terminó por concluir la Fiscalía de Milán en julio de 2006, al detener al 'número dos' del espionaje italiano, Marco Mancini, y otros agentes. Y ese mismo mes fue el mismísimo director de los servicios secretos, Nicolò Pollari, quien pasó a estar bajo investigación.
Para entonces, el Ejecutivo había cambiado, tras las elecciones de abril, y quien debía lidiar con el problema era Romano Prodi. El nuevo Gobierno optó por callar y aguantar el chaparrón, hasta que no pudo por menos que relevar a Pollari. Pero lo hizo adornando su salida en medio de una reforma general de todos los servicios secretos y le dio un retiro dorado como consejero de la presidencia del Gobierno. Además, el equipo de Prodi sigue sin querer cursar la petición de extradición de los agentes de la CIA porque crearía un roce diplomático, uno más en estos meses, con EE UU. Desde Washington, por su parte, ya se ha hecho saber que no tienen la más mínima intención de concederla. Pero entretanto, el juicio de Milán se puso por fin en marcha y Pollari acabó en el banquillo. Asegura que la CIA actuó a sus espaldas y en la vista preliminar lamentó que el secreto de Estado le impedía defenderse. Por eso llegó incluso a citar al proceso a Berlusconi y a Prodi, una petición que fue rechazada. A partir de junio, si llega a empezar el juicio, se sabrán más cosas.
