El rechazo frontal manifestado por el sindicato nacionalista ELA hacia la nueva red ferroviaria de alta velocidad vasca al exigir la paralización inmediata de las obras y que el proyecto sea refrendado en una consulta popular -para lo que impulsará una campaña informativa y una serie de movilizaciones-, recibió ayer duras críticas del Gobierno vasco y el enérgico reproche de empresarios, formaciones políticas y otras centrales sindicales. Así, la consejera de Transportes del Ejecutivo autónomo, Nuria López de Guereñu, acusó a la actual dirección de ELA de estar cada vez más alejada de una sociedad «moderna y abierta» en la que actitudes «radicales y aislacionistas resultan, cuando menos, anacrónicas».
López de Guereñu recalcó que el proyecto es «legítimo» y que está respaldado por la «inmensa mayoría de la ciudadanía». Después de recordar que la infraestructura ha sido aprobada por el 80% de la representación parlamentaria, las Diputaciones, el Ejecutivo español y la Comisión Europea, la consejera reprochó al sindicato que «no quiera ver está realidad y desprecie el sistema institucional y los marcos democráticos».
Precisamente, en su comparecencia del martes, el secretario general de ELA, José Elorrieta, denunció el «déficit democrático» que el Gobierno de Ibarretxe está teniendo «en ésta y otras cuestiones». Para los responsables de la central con mayor representación en Euskadi -tiene unos 100.000 delegados-, el debate sobre la infraestructura ha sido inexistente cuando, a su juicio, su repercusión medioambiental o económica será «irreversible». «La 'Y' está muy lejos de ser un tren social y de cubrir nuestras necesidades de transporte y mercancías», espetó Mikel Noval, responsable de la campaña contra el TAV.
Estas acusaciones fueron refutadas por López de Guereñu, quien recordó que el proyecto «se ha debatido hasta la extenuación», por lo que plantear a estas alturas la paralización de las obras y la exigencia de un debate, «pretende abortar, de manera demagógica, lo que democráticamente se ha decidido». Respecto a las exigencias de ELA de construir una infraestructura que una pueblos y no sólo las capitales, la consejera recalcó que la 'Y' favorece «la utilización de un modo de transporte más sostenible, que dará respuesta tanto a nuestras necesidades internas como a las relaciones con Europa».
Tras pronosticar que «el tiempo demostrará que la 'Y' marcará un antes y un después», advirtió de que «no podemos cometer el riesgo de convertirnos, voluntariamente, en un territorio desconectado, que dé lugar a la marginalidad».
Planteamiento «absurdo»
Los empresarios y los partidos políticos respaldaron los argumentos del Ejecutivo para reiterar su apuesta por una infraestructura «vital para Euskadi». En un comunicado, la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) aseguró no entender los argumentos esgrimidos por ELA para intentar paralizar un proyecto sin el cual, «nuestro futuro socioeconómico quedaría seriamente hipotecado a largo plazo». «Euskadi necesita una red de ferroviaria de alta velocidad, y la necesita con urgencia», zanjó.
En el plano político, el portavoz socialista en el Parlamento, Rodolfo Ares, tachó de «terrible equivocación y completa irresponsabilidad» la postura del sindicato nacionalista, al tiempo que le acusó de «buscar la confrontación, como en ocasiones anteriores». En este sentido, le reprochó que se acerque a las posiciones políticas «más radicales, sólo compartidas por sectores cercanos a ETA».
Desde el PP, su parlamentario Borja Semper acusó a ELA de ir en contra de los intereses de los trabajadores vascos con «absurdos» planteamientos. «Su anuncio se enmarca dentro de su irresponsable carrera sindical con LAB para ver quién es más duro», criticó.
Respecto a las reacciones sindicales, el secretario de UGT Euskadi, Dámaso Casado, manifestó su apoyo al nuevo proyecto ferroviario de alta velocidad antes de reprochar a ELA su intención de querer aislarse de España y de Europa».
