La polémica suscitada por los casos de empadronamientos fraudulentos de escolares en Basauri ha llegado hasta la Fiscalía del País Vasco. Una de las familias afectadas envió el pasado mes de octubre un escrito al fiscal general de Estado en el que le exponía el problema de la localidad vizcaína y le pedía su «colaboración ante una injusticia». Un mes después, esta institución trasladaba la petición a la Fiscalía vasca.
En su escrito, los afectados recordaban la denuncia hecha por padres de algunos escolares del municipio que se quedaron sin plaza en la ikastola de Ariz, «porque diecisiete familias cambiaron los datos del padrón para tener más opciones de ser admitidos en el centro». En apoyo de sus tesis, transcribían algunos extractos de un documento firmado por el Ararteko, que estudió el caso a petición de la asociación vizcaína de padres de alumnos (Bige) y dio la razón a los afectados. Pero su dictamen no es vinculante. «El alcalde de Basauri ha confirmado el uso indebido de los datos del padrón por parte de algunas familias, ante lo que la administración educativa debe reaccionar de forma obligada», señaló Iñigo Lamarka, que tachó la actitud de Educación de «elusiva».
Recibida la misiva, la Fiscalía del País Vasco, el pasado 5 de febrero, tomó declaración al portavoz de la familia denunciante. «Si el alcalde de Basauri tiene constancia de que se ha cometido un delito, debe denunciarlo. Pero hasta ahora ni el Ayuntamiento ni Educación han hecho nada», critican los padres afectados.
Tras la polémica desatada en esta localidad, el Gobierno vasco exigirá «una antigüedad de al menos dos años en el padrón». El Consistorio de Basauri, por su parte, ha puesto en marcha una campaña de vigilancia. A quienes solicitan una modificación del empadronamiento de un menor de entre cero y tres años, el Ayuntamiento les advierte de que podrá anular el documento. «Si se demuestra que se trata de una inscripción indebida, se trasladará a Educación para que adopte medidas cautelares, si procede». Además, la Policía Municipal podrá comprobar si el menor reside donde se indica. Para que se tomen medidas hará falta «una denuncia o sospecha fundada», explicó el alcalde, Rafa Ibargüen, quien no desveló si esta vigilancia se mantendrá todo el año.
El Departamento de Educación valoró «positivamente» la medida adoptada por los mandatarios locales, aunque estima que hacerla extensiva a todos los municipios vascos «sería un poco alarmista».
