El proceso judicial abierto por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento oficial contra el que fuera director del aeropuerto de Bilbao entre 1997 y febrero de 2001 ha abierto un nuevo capítulo. Aena, gestor público de los aeropuertos españoles, acusa a Segismundo López-Santacruz de falsificar un contrato de compraventa de una vivienda en Pamplona para «justificar parte de los ingresos» detallados en sus cuentas bancarias.
La juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, Paula Isabel Crespo, dictó el pasado 20 de noviembre el auto de apertura de juicio oral contra el ex director -está previsto que se celebre en la Audiencia de Vizcaya ante un jurado popular antes de concluir el año-. Entre otras acusaciones, se le achaca que en al menos 17 ocasiones, «se autodesignó director técnico de los expedientes de obra». Estas irregularidades en las adjudicaciones se tradujeron, a juicio de la magistrada, en «cantidades de dinero recibidas de personas cuya identidad no consta». Pese a que no ha sido posible cuantificar el dinero defraudado, la jueza dice que, «cuando menos», 351.027 euros no estaban justificados en sus cuentas bancarias.
En este caso no sólo está implicado el ex director. A su mujer, Laura Hernández, también se le acusa de varios delitos de falsificación de documento oficial, estafa y receptación. Según consta en el auto de apertura de juicio, Hernández abrió cuentas donde ingresar estas cantidades y constituyó una sociedad a través de la cual «se compraron vehículos de gama alta». Para ella, la Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión, mientras que para su marido, la petición se eleva a diez.
Ante tales acusaciones, la defensa de López-Santacruz pide la libre absolución de su representado ya que, a su juicio, no ha cometido delito alguno. En este sentido, reconoce que «en ocasiones» utilizó la fórmula de adjudicar 'a dedo' ya que el Gobierno central «quería acabar con las obras del aeropuerto en breve plazo, antes del final de la legislatura». Asimismo, recalca que «no consta» que cobrara comisiones.
Falta el original
El último episodio se refiere a una supuesta falsificación de un contrato de compraventa de un inmueble en Pamplona. El pasado enero, la misma jueza que ha instruido el caso en Bilbao, Paula Isabel Crespo, remitió el expediente al Juzgado Decano de la capital navarra por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. En el contrato, firmado el 4 de noviembre de 1998, consta como única vendedora Laura Hernández, la mujer del ex director. La defensa entregó una primera copia del contrato en noviembre de 2004, donde se indica que la venta se cerró por 31 millones de pesetas. Sin embargo, el pasado octubre, aportó otro contrato -también copia- que decía que la operación ascendió a 56 millones. La única modificación es el importe final.
Tras analizar ambos documentos, los abogados de Aena denunciaron que habían falsificado las firmas de la parte compradora, ya que «son idénticas». Ante esta acusación, la jueza solicitó el original del segundo contrato. Si en un primer momento la defensa de López-Santacruz solicitó una prórroga de diez días para su entrega, finalmente, el 11 de diciembre, confirmó que «carecen del original». Ahora, será el Juzgado de Pamplona quien decida si existe o no delito.
