Veintitrés ayuntamientos vascos se han comprometido con el Departamento de Vivienda a elaborar un censo de pisos vacíos en sus respectivos municipios y a estudiar la forma de penalizarlos con un aumento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Bilbao es la única capital vasca que se ha adherido hasta ahora a esa iniciativa, pero también se han sumado otras localidades importantes como Gernika, Durango, Llodio, Zarautz, Hernani Tolosa y Bergara, todas ellas con alcaldes del PNV; así como Eibar y Lasarte, que están en manos del PSE-EE.
La obligación de censar las viviendas desocupadas -unas 26.000 en todo Euskadi- aparece en un convenio que han firmado los 23 ayuntamientos y la consejería de Javier Madrazo. Ese convenio pretende impulsar el alquiler de pisos vacíos a través del programa Bizigune del Gobierno vasco; y para lograr tal objetivo exige a las corporaciones firmantes que determinen primero cuántos inmuebles se pueden movilizar. A continuación, plantea incrementar el IBI a los pisos que permanezcan desocupados durante un año, aunque si los dueños los reforman para sacarlos al mercado, la licencia municipal de obras les saldría más barata.
El Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por la coalición PNV, EA y Ezker Batua, se sumó enseguida a esa propuesta, pero las corporaciones de Vitoria y San Sebastián, en manos del PP y de los socialistas, respectivamente, se han mantenido al margen. Ambas capitales han creado sus propias oficinas locales para promover el alquiler, de manera que el programa Bizigune se solapa con ellas.
Servicios diferentes
En realidad, los servicios ofertados en uno y otro caso son diferentes. Los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián hacen de intermediarios entre el propietario y el potencial inquilino, ofreciendo asesoramiento y algunas garantías. En cambio, el Gobierno vasco alquila directamente el inmueble vacío al particular y, a continuación, lo real- quila a un ciudadano inscrito en las listas de Etxebide. El dueño tiene la garantía de que recibirá regularmente la renta y recibirá su vivienda tal y como la entregó en un plazo mínimo de cinco años.
Ahora bien, los ayuntamientos que suscriben el convenio de Bizigune tienen que realizar un inventario de los pisos del municipio que permanezcan desocupados durante un año. El indicio principal será que no aparezca nadie empadronado en esa dirección, pero también se admitirán como evidencias los consumos de luz, agua y teléfono, así como las inspecciones de los funcionarios municipales.
Precisamente, la creación de censos locales de pisos -basados en los indicios anteriores- aparece en el borrador de la Ley de Vivienda que ha elaborado la consejería de Javier Madrazo. Ese texto provocó una gran polémica en enero pasado, cuando EL CORREO desveló que contempla gravar los inmuebles desocupados con un canon de nueve euros diarios. Lógicamente, los censos municipales serían necesarios para poder cobrar ese nuevo gravamen del Gobierno vasco. Y también harían falta para establecer recargos sobre el IBI, un impuesto que no hay que confundir con el anterior, pues lo cobran los ayuntamientos, bien directamente o a través de las diputaciones.
Oposición
Hasta ahora, la idea de castigar fiscalmente las viviendas vacías ha encontrado una fuerte oposición en los gobiernos forales, tanto de Vizcaya y Guipúzcoa, controlados por PNV y Eusko Alkartasuna, como el de Álava, en manos del PP. Quienes rechazan las medidas penalizadoras argumentan que es difícil definir jurídicamente los pisos desocupados.
El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso (PP), comparte esa opinión; y lo mismo ocurre con el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), quien ha protagonizado sonados enfrentamientos con el consejero Madrazo sobre ese asunto.
Recientemente, el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Josu Jon Imaz, acusó al coordinador general de Ezker Batua de actuar de forma demagógica y destacó la dificultad de que la Administración pueda encontrar una definición de vivienda vacía que resulte viable. En cambio los socialistas vascos acaban de incorporar en su programa para las elecciones municipales la idea de penalizar el IBI de los pisos desocupados.
