La patronal de las grandes constructoras (Seopan) advirtió ayer del riesgo de que la demanda de viviendas registre un frenazo por la escalada de los precios y el continuado ascenso de los tipos de interés. Un descenso de 100.000 unidades en la promoción de pisos -un escenario que no descarta para el próximo año- podría traducirse en la destrucción de unos 200.000 empleos directos e indirectos, subrayó. En ese contexto, la organización reclamó al Estado que acelere las inversiones comprometidas en el Plan de Infraestructuras (PEIT) y justificó el retraso en el pago a sus proveedores por la tardanza con que, a su vez, cobran sus asociados de las administraciones, que acumulan deudas con el sector por valor de 17.000 millones de euros.
El presidente de Seopan, Enrique Aldama, se mostró pesimista ante el futuro al presentar el balance de 2006. Con un agravante añadido: el parón de hasta el 20% que acostumbra a sufrir la licitación pública antes y después de un periodo electoral como el del próximo mayo. Si los números del pasado ejercicio fueron muy buenos -864.000 nuevos viviendas visadas, un 18% más, y 585.000 terminadas, un 11,5% más- y las perspectivas para el actual no presentan demasiadas sombras, 2008 aparece repleto de nubarrones. «Si hay demanda nadie deja de construir, pero se ha detectado que lo que se vendía en dos días ahora tarda dos meses», aseguró.
Sobre la política de vivienda, reclamó al Gobierno que «se piense lo que hace» porque no ve ninguna actividad que pueda sustituir a la construcción, «que crea un 25% del nuevo empleo y ha sido responsable del 30% del crecimiento de la economía en los últimos cinco años», apuntó Aldama. Para evitar una crisis, propuso «acelerar la producción de suelo y tratar con mimo al sector», al tiempo que recordó que «la compra es más barata que el alquiler».
El presidente de Seopan afirmó que el Código Técnico de la Edificación -cuya entrada en vigor el pasado octubre elevó de forma artificial la solicitud de visados en los meses precedentes- y la Ley de Suelo añaden incertidumbre al sector. Sobre esta última, exigió el carácter retroactivo en su parte dedicada a las expropiaciones de terrenos que puedan afectar al PEIT. Algo que, afirmó, si no se hace podría recortar un 20% la capacidad de financiación del plan por el sobrecoste en el pago a los propietarios de los terrenos que ocuparán después las infraestructuras.
Malos pagadores
Aldama contestó a las críticas recibidas por los fabricantes de cemento, que aseguran que las grandes constructoras les pagan muy tarde y les retienen a día de hoy unos 12.500 millones. Explicó que los responsables de ese pago tardío son en realidad las administraciones, que les abonan a ellos sus deudas a un plazo medio de 176 días, con las autonomías como peores clientes (210 días), seguidas de los ayuntamientos (209) y el Estado (154).
El responsable de la patronal recordó que a partir de 2008 los fondos europeos se desplazarán a otros países. En ese contexto, subrayó que el papel de las empresas como financiadoras de puentes, carreteras o aeropuertos será esencial si el Estado quiere mantener el superávit de las cuentas públicas. Así, pidió mayor participación en el PEIT, sobre lo que hará una propuesta al Gobierno.
