Tres organizaciones de jubilados, representativas de casi dos millones de pensionistas, han denunciado ante los diputados del Congreso la marginación que padecen cerca de 500.000 trabajadores asociados, que tuvieron que dejar su empleo de manera forzosa antes de 2002, a una edad avanzada, pero sin haber cumplido los 65 años. Argumentan que sus rentas se han visto muy reducidas en comparación con los pensionistas que se jubilaron después de ese año.
La fecha de referencia es el año 2002 porque fue cuando CC OO, CEOE y el Gobierno, entonces del PP, pactaron «la jubilación gradual y flexible» que establecía nuevas condiciones. Ante la situación registrada, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP),a la que pertenece la vasca FEVAAS, y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP) se han dirigido por escrito a los grupos parlamentarios.
En sus cartas exponen que consideran insuficientes las subidas, recogidas para el colectivo señalado, en la última reforma consensuada en julio de 2006, entre Gobierno, patronales y sindicatos. Las mejoras son de 54 euros para quienes accedieron a la jubilación con 60/61 años; de 36 euros para los que lo hicieron con 62/63 años; y de 18 euros para los de 64 años.
A juicio de los representantes de CEOMA, CEPYP y UDP, la reforma no tuvo en cuenta «el criterio de proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido por los jubilados anticipados».
