ETA ha iniciado una nueva campaña de extorsión a empresarios vascos con el envío a lo largo de las últimas semanas de una remesa de cartas en las que exige el pago del denominado 'impuesto revolucionario'. Según ha podido saber EL CORREO, la banda mantiene el tono que comenzó a utilizar en las misivas que remitió poco después de decretar su alto el fuego hace un año, en las que exigía una «aportación» voluntaria y evitaba los términos más agresivos de anteriores mensajes.
Las fuentes consultadas han señalado que las cartas exigen el pago de cantidades que oscilan entre 60.000 y 70.000 euros, e incluyen el anagrama de la banda y los demás elementos empleados habitualmente para autentificar el envío. Las misivas enviadas podrían ser «bastantes», según los citados medios, aunque por el momento se desconoce su número exacto. La Ertzaintza ha recibido hasta la fecha un volumen reducido de denuncias de empresarios a los que han llegado este tipo de cartas de extorsión. En medios policiales se especula con la posibilidad de que gran parte de los industriales que han podido sufrir este chantaje hayan optado por no denunciarlo, o se hayan limitado a comunicarlo a sus respectivas patronales territoriales.
Como en las últimas cartas detectadas el pasado año, la banda exige el dinero como una contribución «para el proceso de liberación y construcción nacional», y finaliza su texto con un «respetuoso y cálido abrazo revolucionario». Las misivas están escritas en euskera y castellano.
Previsible
La aparición de esta nueva remesa no ha supuesto ninguna sorpresa para los responsables de la lucha antiterrorista. Los expertos ya contaban con que ETA intentaría rentabilizar el atentado de fin de año en la T4 del aeropuerto madrileño de Barajas, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos. La vuelta a las armas podría amedrentar a empresarios que tras el cese de la violencia habían decidido no pagar, al entender que no iban a sufrir ningún tipo de ataque mientras la banda mantuviera su tregua.
Un segundo factor que alimentaba las sospechas de los especialistas sobre la posible reactivación del chantaje es el mal estado que, según todos los cálculos, presentan las finanzas de la organización terrorista. Estas fuentes destacan que ETA ya inició el alto el fuego de marzo de 2006 con sus cuentas en números rojos. Pese a que el cese de los atentados suponía una reducción de los gastos, mantener las estructuras de la clandestinidad requiere un importante desembolso en diversos capítulos, entre ellos el alquiler de pisos, que los activistas cambian constantemente por motivos de seguridad.
La debilidad económica de la organización llevó a algunos mandos a barajar la hipótesis de que el robo de pistolas cometido por un comando en la localidad francesa de Vauvert en octubre del año pasado tuviera como objetivo final vender las armas en el mercado negro para sanear las arcas de ETA. Esta posibilidad, sin embargo, ha quedado descartada.
La banda no ha dejado de reclamar el pago del 'impuesto revolucionario' desde su alto el fuego de marzo del año pasado. En julio de 2006, la patronal navarra ya denunció que estaban llegando este tipo de misivas. Un mes antes, en junio, el Cuerpo Nacional de Policía y las fuerzas de seguridad galas habían desmantelado la red más antigua de ETA en el entramado de la extorsión. Según la acusación realizada en su día por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, el presunto miembro de la banda Joseba Imanol Elosúa dirigía esta trama desde el bar 'El Faisán' de Irún y se encargaba tanto de recaudar el dinero mediante intermediarios como de enviar las cartas a los chantajeados. Dentro de las investigaciones abiertas por el magistrado fue procesado también el dirigente del PNV Gorka Agirre.
Confebask
En octubre del año pasado, la banda volvió a enviar una remesa de mensajes de extorsión a empresarios vascos y navarros. La patronal vasca, Confebask, había mantenido silencio hasta entonces sobre las misivas, y en ocasiones llegó a afirmar de manera tajante que no existían. Sin embargo, el presidente de los empresarios vascos, Miguel Lazpiur, modificó sensiblemente su discurso el pasado diciembre. Por primera vez, al ser preguntado sobre la existencia de cartas de extorsión no lo negó ni dijo no tener constancia.
«Puede haberlas», respondió de forma escueta.
