Conocer el euskara y que éste constituya un instrumento de comunicación tanto en la vida como en la enseñanza es un derecho fundamental de toda la ciudadanía vasca que nuestro sistema educativo ha de garantizar plenamente y a todas las personas por igual.
El plurilingüismo ha de constituir otra de las prioridades de nuestro sistema educativo. Y esto no sólo en base a los requerimientos del mercado laboral, sino, más allá, referido a la cada vez mayor complejidad étnica y lingüística de las sociedades actuales.
Han pasado ya 25 años desde que, dentro del proceso de euskaldunización, se instauró en la CAPV el sistema de modelos lingüísticos. Por una parte, es necesario reconocer que se han dado importantes avances tanto en la euskaldunización del sistema educativo como en el nivel de conocimiento del euskara, pero también hay que admitir que aún estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que establece la legislación, «una capacitación real para la comprensión y expresión, oral y escrita, en las dos lenguas». Más aún, las deficiencias resultan cada vez más evidentes, pues el nivel de conocimiento de las dos lenguas oficiales es totalmente asimétrico, en detrimento del euskara. Actualmente, nadie pone en duda que el Sistema Educativo no garantiza la misma capacitación lingüística para todo el alumnado.
Por otra parte, el sistema de modelos lingüísticos es segregador y esto aún es más manifiesto desde que la escuela debe hacer frente al fenómeno de la inmigración. La búsqueda de cohesión social, así como el derecho a la igualdad de oportunidades nos exigen acabar con el sistema de modelos. El modelo A no garantiza el conocimiento del euskara y favorece además la marginación social. En efecto, en el modelo A de la red pública se escolariza principalmente alumnado en situación social y económica desfavorecida, transformándose casi en gueto para los alumnos y alumnas que están inmersos en procesos de marginación.
En numerosos casos del modelo B, como en la mayoría de los modelos A, nos encontramos ante un fraude legal a varias generaciones de jóvenes, en relación a la Ley de Normalización del Uso del Euskara de 1982 y a la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993.
Ni modelos, ni tampoco modelo único. Sin olvidar los aspectos positivos de la experiencia de las décadas anteriores, ha llegado ya el momento de superar el sistema obsoleto y segregador de modelos lingüísticos, mediante planes eficaces e integradores de normalización del euskara, organizados desde los centros. Cada centro educativo, tras analizar la realidad sociolingüística del contexto escolar, del alumnado y sus familias, debe elaborar su Plan de Normalización Lingüística, dentro de un marco normativo general para todos. Mediante el establecimiento de sistemas flexibles de inmersión y desarrollando metodologías comunicativas, se debe garantizar la capacidad lingüística - tanto oral como escrita, en registro formal como informal- para todo el alumnado, una vez finalizada la enseñanza obligatoria.
En cuanto a la exigencia de los niveles, entendemos que el denominado B1 (básico) para 6ª curso de Educación Primaria y el B2 (medio) para 4ª curso de la ESO es correcta, pues dichas referencias son consideradas como las más adecuadas en los foros europeos de enseñanza de las lenguas. En este sentido, se deberá asegurar el seguimiento y evaluación, tanto interna como externa, de dichos planes.
Respecto a las medidas que van a ser necesarias para poner en marcha un nuevo marco de aprendizaje-enseñanza de las lenguas, entre otras, se tendrán que incrementar las plantillas en numerosos centros para poder crear grupos flexibles, llevar a cabo desdobles en alguna aulas, realizar apoyos educativos ... Por otro lado, habrá que aumentar el ritmo y los niveles de reciclaje del profesorado, innovar pedagógicamente hacia las metodología comunicativas y elaborar material didáctico, también en multimedia.
Pero, en cualquier caso, los recursos a implementar serán mayores lógicamente en aquellos centros ubicados en zonas donde la situación sociolingüística del euskara sea más desfavorable. Para llevar a cabo estas y otras medidas será imprescindible contar con un ambicioso Plan de Financiación extraordinario que posibilite la puesta en práctica del nuevo marco.
La escuela sola no puede. Es necesario un Plan Integral de Política Lingüística, un plan interinstitucional para promover el uso del euskara, se deben impulsar proyectos concretos desde las instituciones ajenas a la educación, destacando la especial responsabilidad de los ayuntamientos en ello. Son necesarias «acciones positivas» a favor de la lengua más débil.
