La escena del pasado 31 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se repetirá el próximo lunes, la fecha fijada para que el lehendakari Ibarretxe preste declaración por segunda vez ante el instructor de la causa que se sigue contra él por reunirse con la ilegalizada Batasuna. Igual que en la primera citación, los principales dirigentes de los partidos que sustentan al Gobierno de Vitoria -PNV, EA y Ezker Batua- y todos los consejeros de su Gabinete volverán a arropar al lehendakari en su comparecencia ante el juez, que le llamó a declarar de nuevo tras aceptar la ampliación de la querella presentada por el Foro Ermua.
No obstante, también habrá diferencias. La primera vez que Ibarretxe subió la escalinata del Palacio de Justicia de Bilbao se presentó acompañado de su Ejecutivo en pleno y de los 'primeros espadas' del tripartito, aunque aquella fotografía no fue sino el colofón de una intensa semana de declaraciones y movilizaciones.
La asamblea nacional del PNV aprobó entonces un documento titulado 'En defensa de nuestras instituciones' y convocó una manifestación bajo el mismo lema, a la que se adhirieron sus socios de EA y EB y también Aralar. La marcha recorrió las calles de Bilbao dos días antes de la comparecencia de Ibarretxe ante el instructor Roberto Sáiz, que en esta ocasión pretende indagar si el jefe del Ejecutivo de Vitoria mantuvo nuevas citas con Arnaldo Otegi después de la que dio origen al caso, celebrada el 19 de abril de 2006. Los jeltzales anunciaron además que llevarían el texto al Parlamento, a las Juntas Generales y a los ayuntamientos e invitaron a la ciudadanía a concentrarse ante la sede del TSJPV.
En esta ocasión no habrá manifestación, no sólo por la cargada agenda preelectoral de los partidos, sino también porque el Gobierno de Vitoria y las fuerzas políticas que lo integran han decidido rebajar la frecuencia y la intensidad de sus críticas a los jueces y dotar de un «perfil más bajo» a los actos de apoyo al lehendakari, conscientes de que sostener en el tiempo ese nivel de tensión podría llegar a ser «contraproducente», según apuntaron fuentes del tripartito. En una rueda de prensa en Bilbao, el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, apostó por iniciativas «compartidas» por los tres socios del Gobierno para arropar a Juan José Ibarretxe, confió en que otras formaciones se sumen a ellas -Aralar probablemente lo hará de nuevo- y se limitó a recordar que es «preocupante» que un lehendakari sea citado ante el juez por cumplir con su «obligación de intentar resolver los problemas dialogando».
Pese a que, efectivamente, los reproches públicos a los miembros de la Judicatura no han menudeado en estos días con la misma virulencia que el pasado mes de enero, el Gobierno vasco sí lanzó ayer una dura andanada contra el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, que el día anterior había negado que el lehendakari solicitase formalmente declarar ante el juez antes de ser citado, tal como, en su opinión, daba a entender la portavoz del Ejecutivo de Vitoria. La aludida, Miren Azkarate, leyó ayer una declaración de respuesta a las palabras de Ruiz Piñeiro aprobada en el Consejo de Gobierno, donde se abordaron también los actos de respaldo al lehendakari.
Sin precedentes
El Gobierno vasco quiso así dejar patente su profundo malestar por algo que considera un hecho «sin precedentes» en ningún país donde funcione una Justicia «seria, independiente y neutral». «No existe precedente alguno de que un magistrado que debe enjuiciar a una persona hable, comente, valore o se pronuncie sobre el caso que afecta a la misma», recalcó Azkarate, en alusión a la condición de presidente de la Sala de lo Civil y Penal del también máximo responsable del TSJPV. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo y la defensa del lehendakari estudian ya «en qué situación queda el señor Ruiz Piñeiro» tras sus pronunciamientos públicos sobre el caso y se centran, por el momento, en sus declaraciones del lunes en las jornadas 'Informar en Justicia' y en un artículo publicado en este periódico el pasado 26 de noviembre bajo el título 'Por una Justicia templada', firmado al alimón con otros nueve magistrados vascos.
Pese a todo, el Gobierno de Vitoria -que estudia denunciar «el desamparo y la indefensión» del presidente vasco ante organismos internacionales especializados en Justicia y Derechos Humanos- no quiere todavía pronunciarse sobre la posibilidad de recusar al magistrado. «Cuando haya una conclusión informaremos con transparencia de nuestras decisiones», apuntó la portavoz, que reconoció que, efectivamente, no se hizo llegar al tribunal ninguna solicitud formal para prestar declaración sino que siempre dejaron claro que era un llamamiento que hacían en público para protestar por la dilación de la causa. A su juicio, Piñeiro sólo busca con sus declaraciones ocultar tras una «cortina de humo» la «vergüenza» de encausar a Ibarretxe.
