El 'Plan 3-R' para empresas en dificultades que puso en marcha el Gobierno vasco a principios de los 90 con el objetivo de 'ayudar a morir' a algunas empresas y permitir el rescate de otras va a resultar polémico incluso a la hora de 'repartir' la herencia. El Ejecutivo destinó entonces 204 millones de euros a conceder avales a un conjunto de compañías en situación de crisis, además de entregar otros 78 millones como subvenciones, principalmente destinadas a las indemnizaciones y jubilaciones anticipadas de los trabajadores. Un total de 144 millones de esos avales resultaron fallidos -las firmas no devolvieron los créditos a los bancos y las arcas públicas tuvieron que hacer frente al pago de las deudas-, pero el Ejecutivo consiguió recuperar 96 millones en 'especies': terrenos e instalaciones de las empresas, que habían servido para garantizar los avales.
Forjaunión, la empresa surgida de la fusión de Forjas de Amorebieta y Forjas de Ermua, fue una de las beneficiadas por el plan y también una de las que profundizaron en su crisis y entraron en quiebra. La sociedad Forging se hizo cargo de su actividad industrial.
