La tensión sostenida entre el Gobierno de Vitoria y el Tribunal Superior vasco sube enteros a sólo tres días de que el lehendakari preste declaración por segunda vez como imputado por reunirse con dirigentes de Batasuna. El Ejecutivo autónomo arremetió ayer de nuevo contra la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, tras conocer que su portavoz, Miren Azkarate, deberá declarar como testigo ante el instructor de la causa contra Juan José Ibarretxe y advirtió de que este tipo de decisiones «no saldrán gratis» a los jueces.
Fue la propia aludida quien compareció de urgencia y con carácter extraordinario en la sala de prensa de Lehendakaritza a las pocas horas de hacerse pública su citación, que, según portavoces de la Presidencia vasca, conocieron «por la prensa». «Pero no nos sorprende viniendo de magistrados que ocultan deliberadamente el voto particular de un integrante de la Sala», apuntaron, en alusión a la discrepancia de la juez Nekane Bolado con el auto que rechazó el último recurso de la defensa de Ibarretxe, una omisión que el tribunal atribuyó a un error informático. Fuentes del Superior vasco sostuvieron, en cambio, que la providencia -que emplaza a Azkarate para el próximo 16 de abril, tras la declaración de varios periodistas que cubrieron la cita de Ibarretxe con Arnaldo Otegi- fue comunicada previamente al procurador y que esperaron dos horas «de cortesía» antes de darla a conocer públicamente.
La portavoz salió a la palestra para reiterar argumentos ya conocidos, aunque con especial virulencia en las formas: en la declaración institucional a la que dio lectura insistió en lo que ya dijo la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, en su día, y advirtió a los jueces de que esta «nueva desvergüenza» no les saldrá «gratis», aunque no aclaró en qué términos. Al ser preguntada al respecto, se limitó a subrayar que los jueces están actuando «sin fundamento jurídico» y «con prejuicios ideológicos», algo que, señaló, «alguna consecuencia tiene que tener».
Doble acusación
La portavoz aludió así no sólo al hecho de tener que declarar ante el instructor -algo que, en su calidad de miembro de un Gobierno autonómico, podría hacer si lo desea en su despacho o en su domicilio, a dónde el juez tendría que desplazarse- sino también a la presentación de la asociación Dignidad y Justicia como acusación pública en la causa, que se suma así a la ejercida hasta ahora por el Foro Ermua.
Precisamente, la solicitud de ampliación de la querella por parte de este último colectivo, aceptada por el magistrado Sáiz, ha motivado la nueva citación de Ibarretxe, que busca aclarar si el jefe del Ejecutivo vasco mantuvo nuevos encuentros con la formación ilegal después del que dio origen al proceso penal, en abril del año pasado. Dignidad y Justicia -presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA- ha anunciado que estará el próximo lunes en Bilbao, personada ya como parte, en la nueva declaración del lehendakari. Según explicaron ayer, se han adherido al sumario «porque existen en él muchísimas conexiones con la trama de la izquierda abertzale».
Azkarate -que aún no ha decidido si acudirá personalmente o no a la sede del tribunal, a la espera de consultarlo con el lehendakari- consideró que las últimas decisiones del instructor no sólo son «incomprensibles» sino que están «claramente inspiradas en motivaciones ideológicas». Las acusaciones de la portavoz llegan cuando aún no se habían apagado los ecos de la última polémica entre el Gobierno vasco y los jueces, que llevó a los servicios jurídicos del Ejecutivo de Vitoria a estudiar las declaraciones y artículos del presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, por si se pudieran tomar medidas en el futuro. El propio Ibarretxe consideró el miércoles que el comportamiento «ofensivo» del magistrado es «único en Europa».
Ayer, Azkarate ahondó en la misma línea al subrayar el «pleno desprestigio» en que, en su opinión, ha caído la Sala. «Se sigue, conscientemente, el camino de la tensión y la crispación», denunció la portavoz.
o.barriuso@diario-elcorreo.com
