El presidente del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, se defendió ayer de las acusaciones del PSOE sobre acoso laboral a un funcionario de Obras Públicas argumentando que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Gobierno por irregularidades en las sentencias que reconocían 'mobbing'.
Contestando a una pregunta del responsable socialista Francisco Martínez-Aldama, Sanz insistió en que no se pronunciará sobre el tema «hasta que no se resuelva el recurso de casación» y quiso dejar claro que no existe «ninguna condena de ningún juzgado a ningún alto cargo por 'mobbing'». Además, apuntó que «hay varias sentencias a favor del Gobierno de algunos funcionarios que han recurrido».
Para Martínez-Aldama, el acoso laboral a este funcionario de Obras Públicas está «acreditado con tres sentencias» y con el hecho de que se le haya indemnizado con 9.160 euros «que se pagaron el pasado 16 de marzo; y si se paga es porque hay acoso, se ponga como se ponga». Según sus palabras, Sanz tiene la «obligación ética de cesar fulminantemente» a los implicados; la entonces consejera de Obras Públicas, Aránzazu Vallejo, el actual consejero, Antonino Burgos, y el director de Transportes, Ángel Salinas.
Los agentes forestales también estuvieron en el debate de la última sesión de esta legislatura. La diputada socialista Inmaculada Ortega acusó al Ejecutivo de no querer sentarse a negociar «por que no les da la gana» y recordó que este colectivo lleva quince meses con sus reivindicaciones.
Ortega indicó que se ha producido una reducción del 30% de sus efectivos y que sólo quedan 74, reprochándoles que «en ninguna reunión de la Mesa General de la Función Pública se ha querido tratar sus demandas».
El consejero de Administraciones Públicas, Alberto Bretón, vio «sorprendente» que se les acuse de falta de negociación «cuando en estos cuatro años hemos firmado 33 acuerdos» y relató las mejoras retributivas, de promoción interna y de formación de las que se han beneficiado los agentes forestales desde su llegada al Ejecutivo en 1995.
Bretón recordó que fue el anterior Gobierno regional socialista el que redujo la plantilla y aseguró que seguirán negociando «en la Mesa General de la Función Pública que es el órgano en el que corresponde negociar».
