El proyecto de Ley de comercio de armas que el Gobierno ha presentado al Parlamento es un texto de mínimos que no evitará que las armas españolas sigan llegando a destinos equivocados. Elevar a rango de ley esta normativa es importante, pero el proyecto debe mejorar ya que no supone prácticamente ningún avance en materia de control y transparencia, y no impedirá que España venda armas, por ejemplo, a países en conflicto armado. Al texto le falta ambición, es poco preciso e ignora las buenas prácticas que ya se aplican en otros países.
La ley contiene muy pocas novedades. Una de ellas es que a partir de ahora las armas de caza y tiro deportivo y sus municiones se considerarán como material sujeto a control. La otra, que en el futuro el Gobierno tendrá que incluir, en la información oficial sobre ventas de armas, la naturaleza del usuario final al que va dirigida una operación de exportación. Son avances que hay que valorar de forma positiva, pero insuficientes para una norma que debe regular un comercio con un enorme coste humano.
En la actualidad, no es posible saber qué se ha vendido exactamente desde España a un determinado país, cuál será el uso final del producto y cómo se interpretan los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas, que establece que no debe venderse armamento a países donde se violan los derechos humanos, donde hay conflicto armado, etcétera. Tampoco se puede saber qué garantías tiene el Gobierno, cuando autoriza una venta, de que no tendrá un impacto negativo en el país de destino o no se desviará a un tercer país. Además, las actas de la JIMMDU, el organismo interministerial que decide sobre las exportaciones, siguen siendo secretas.
Todo esto ha permitido que entre los destinos habituales de las armas españolas en los últimos años estén países como Colombia, Israel, Marruecos, China, Zimbabwe o Indonesia, entre otros. Países que difícilmente superan una interpretación rigurosa de los criterios del Código. Colombia es un país sumido desde hace décadas en un conflicto armado donde todas las partes cometen sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Marruecos tiene un contencioso en el Sáhara Occidental y también denuncias relativas a los derechos humanos. Los sucesivos gobiernos que han autorizado la venta de material militar a Israel nunca han respondido a una pregunta clave: ¿Qué garantías tienen de que ese material no contribuirá a que se cometan violaciones de derechos humanos en el marco de las escaladas de violencia en la región?
Las exportaciones españolas de armamento han ido en constante aumento desde 2000. En 2005 tuvieron un valor de 419,5 millones de euros. En los últimos años España se ubica entre el puesto décimo y decimoquinto en el ránking de los principales exportadores. España es, por ejemplo, el primer exportador de munición a África subsahariana. El comercio de armas tiene catastróficas consecuencias. Cada año, 500.000 personas mueren a causa de la violencia armada. Millones viven cada día bajo esta amenaza. Y en el mundo hay un arsenal de más de 600 millones de armas ligeras, mientras 8 millones más se fabrican cada año. Éste es un comercio que precisa regulaciones urgentes y más controles a nivel internacional. Pero cada país exportador tiene también su propia responsabilidad en casa.
Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam llevan más de 10 años trabajando para lograr mayor control y transparencia del comercio español de armamento, contando con el apoyo de cientos de miles de personas que han respaldado esta campaña. En este tiempo se han conseguido avances, y el hecho de que ahora exista un proyecto de ley es muy positivo. Pero la ley por sí sola no es suficiente. El informe 'Comercio de armas en España: una ley con agujeros', elaborado por las tres organizaciones, analiza las deficiencias y lagunas del proyecto, examina las legislaciones y mejores prácticas en otros países (entre ellos grandes exportadores de armas, como Reino Unido, Alemania o EE UU) y concluye, a partir de ello, que hay mucho margen para mejorar.
En materia de transparencia, la ley debe exigir más detalle de la información oficial que el Gobierno proporciona al Congreso de los Diputados. En cuanto al control, se debe prohibir expresamente vender armas a países en conflicto armado o donde se violen los derechos humanos. También debe establecer controles sobre las actividades de los intermediarios, ampliar las garantías de que el material no será desviado o reexportado, y limitar la discrecionalidad y el secretismo con el que actúa la JIMMDU, entre otras cuestiones. Muchas de estas medidas ya están en marcha en otros países de nuestro entorno.
Si no se avanza en este sentido, las armas españolas seguirán llegando a destinos donde pueden generar un enorme coste humano. Los intereses comerciales no pueden estar nunca por encima de los derechos humanos. España tiene ahora una oportunidad única de situarse a la cabeza del control y transparencia en el comercio de armas, aprobando una regulación avanzada que demuestre que el compromiso con la paz es real y no sólo retórico.
