El Gobierno de Cantabria solicitará al Tribunal Superior de Justicia que paralice las obras de la urbanización Costa Verde, ubicada en Piélagos y declarada ilegal el lunes por el propia sala. Los magistrados anularon el plan parcial que posibilitó el desarrollo de la promoción por incumplir la Ley del Suelo provincial y por su «desmesurado» impacto ambiental. La sentencia ha dejado en el aire el complejo residencial, en el que 395 familias, decenas de ellas vizcaínas, han invertido entre 286.000 y 339.000 euros. Según el consejero de Medio Ambiente, José Vicente Mediavilla, la petición obedece a un sólo objetivo: «evitar que la bola del sufrimiento siga creciendo».
Mientras los afectados se reunían con sus abogados, las autoridades se pasaban la pelota. El presidente, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Ordenación del Territorio culparon al Ayuntamiento de Piélagos, que su vez descargó toda responsabilidad en el Ejecutivo. «Los únicos responsables son el alcalde, José Ángel Pacheco, y su equipo de Gobierno por haber perdido el culo para acelerar esta operación antes de que se aprobase el Plan de Ordenación del Litoral (POL)», espetó Mediavilla. El borrador del POL declaraba protegido el Alto del Cuco, donde se encuentran los edificios. La normativa, no obstante, dejaba un resquicio para los más rápidos: no afectaba a los terrenos que tuviesen un plan parcial aprobado antes de su entrada en vigor.
Impacto ambiental
El consejero recordó que la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) desaconsejó la actuación urbanística, promovida por Fadesa. Asimismo, quiso disculpar al Departamento de Medio Ambiente, que sí dio el visto bueno al informe de impacto ambiental presentado por la promotora. En este sentido, aseguró que esta estimación era «sólo un informe sectorial» y recordó que la competencia última es de Urbanismo y que allí la respuesta fue negativa.
El Consistorio dio una visión totalmente contraria y culpó a Medio Ambiente de la situación. A su juicio el proyecto «no fue correctamente analizado y evaluado» por ese departamento, que «es la autoridad realmente legitimada para ello y emitió el informe favorable que vinculó al Ayuntamiento». El equipo de gobierno local cree que el fondo de la cuestión está en «las contradicciones» que existen entre departamentos del Ejecutivo. En lo que sí coincidieron las autoridades locales y regionales fue en solidarizarse con los compradores.
