Los usuarios de los garajes de concesión municipal en el parking de La Alhóndiga, inaugurado en septiembre de 2004 y compuesto por un total de 938 plazas -240 de ellas en régimen de rotación-, alquilan sus parcelas a pesar de que esta actividad es ilegal. Según ha podido saber este periódico, los propietarios piden hasta «200 euros mensuales» en concepto de arrendamiento, una práctica prohibida que, según admite el propio Consistorio, «es muy difícil de controlar».
Al igual que en el caso del aparcamiento de Areilza II, los propietarios, además de alquilar, se han lanzado también a la venta de sus parcelas en La Alhóndiga. El negocio sólo puede calificarse de boyante. El precio de salida de las plazas, licitadas hace cuatro años por el Ayuntamiento por un período de 50 años, oscilaba entre los 16.000 y los 20.000 euros. En estos momentos, los residentes con derecho a su explotación piden más de 45.000 por una de estas concesiones 'protegidas'.
Pero la venta de las parcelas municipales en La Alhóndiga no es ilegal, tal y como ocurre con los alquileres. En el pliego de condiciones que rubricaron los compradores, una vez terminado el sorteo y el reparto de los garajes, se especifica con claridad que el «precio de la segunda transmisión sería fijado por el mercado». Esto ha provocado que muchos residentes decidieran tarifar sus plazas en función de los costes que rigen en los parkings 'libres' de la villa, es decir, sacar un beneficio del 300% de una concesión municipal.
El Ayuntamiento confirma este extremo y argumenta la decisión de 'liberar' la segunda transacción -siempre entre los residentes de la zona- por el «rechazo que muestran los propietarios» a la hora de vender sus parcelas. El Gobierno municipal intentó con esta medida «resolver el problema de resistencia de las segundas cesiones», es decir, animar a los dueños a colocar los garajes en el mercado para dinamizar la movilidad. El resultado, sin embargo, se ha traducido en el estratosférico encarecimiento de las plazas y el arrendamiento irregular. Muchos adjudicatarios han optado por lucrarse con el alquiler, una «práctica totalmente ilegal», según reconoce el propio Ayuntamiento.
Quejas sin remedio
María Pilar Lallana presentó en 2002 su solicitud para hacerse con un garaje en La Alhóndiga. El sorteo no le sonrió y esta residente de la zona se quedó sin plaza. Mala suerte. Pero, transcurrido un tiempo, empezó a toparse con anuncios de los propietarios que vendían -y alquilaban- sus parcelas al mejor postor. «Me he encontrado con que me pedían hasta 45.000 euros. En su momento les costó menos de 18.000 -porque son de concesión pública- y en muy poco tiempo la cifra se triplicó». Esta vecina de la capital vizcaína presentó sus quejas al Ayuntamiento, llegó incluso hasta el Ararteko, pero «no había nada que hacer». Y en cuanto a la punible modalidad de alquiler, que empezó a practicarse con celeridad, denunció que los propietarios actuales piden hasta «200 euros mensuales» por una parcela.
El azar quiso que Lallana fuera agraciada poco después en el sorteo de las plazas del parking de Campuzano. «Fue entonces cuando pregunté al Ayuntamiento si yo podía hacer lo mismo que los propietarios de La Alhóndiga, y me dijeron que no». La negativa viene dada porque el Gobierno municipal decidió modificar la normativa de cara al nuevo mandato y reformuló el criterio de las futuras concesiones.
En todos los aparcamientos concursados, caso de las plazas del parking de la plaza del Gas sorteadas ayer, se ha establecido que sea el propio Consistorio el que fije los precios de las segundas transmisiones -siempre para los residentes en la lista de espera- con el fin de evitar estos pequeños 'pelotazos' inmobiliarios. «Incluso se han dado casos de gente a la que le han tocado dos plazas de concesión pública -una en Campuzano y otra en La Alhóndiga- y, transcurrido un tiempo, sacaron a la venta una de ellas a precio de mercado».
