El caos en las carreteras provocado hace una semana por el fallido desmontaje de la nueva pasarela sobre la A-8 y la falta de un 'plan B' para sortear un incidente se ha cobrado la primera 'víctima' en el Ayuntamiento de Bilbao. El subdirector de Infraestructuras y Mantenimiento, Tito Aceves, puso ayer su cargo a disposición de su superior, el concejal de Obras y Servicios, José Luis Sabas, quien tiene previsto anunciar hoy mismo que acepta la dimisión. Aceves, uno de los hombres fuertes en el departamento, era el supervisor municipal de la obra del puente peatonal de Basurto y el representante máximo del Consistorio en la delicada maniobra de la madrugada del jueves que, al final, acabó en desastre.
Uno de los motivos que más ha pesado en su cese fue que no estuvo presente en el momento en que se partió el arco de hormigón, pese a haber presenciado 'in situ' gran parte de la operación -la abandonó de madrugada cuando consideró que estaba bien encarrilada-. Luego llegó el colapso.
El monumental atasco en los principales accesos a Bilbao, utilizados al día por 150.000 vehículos, destapó la falta de previsión municipal para superar un eventual accidente y una tormenta política. Aunque el alcalde, Iñaki Azkuna, y el propio Sabas pidieron disculpas por el «daño» cometido a consecuencia de lo que llamaron «una fatalidad», los partidos de la oposición consideraron insuficientes las excusas y exigieron responsabilidades por «una chapuza mayúscula» y por la «incapacidad» de los gestores locales para capearla con garantías. Mientras que el PSE reclamó la dimisión del alcalde, el PP amenazó con forzar un pleno con el frustrado desmontaje como tema monográfico en plena época electoral, una sesión que podría causar un serio desgaste al equipo de Azkuna (PNV) en vísperas de la cita con las urnas.
«En tres días»
En su anuncio, hecho el lunes pasado, Antonio Basagoiti se comprometió a no convocar el pleno si el Ayuntamiento señalaba a los culpables «en tres días». Pese a desligar por completo esta advertencia de sus propias iniciativas, el Gobierno municipal que preside Azkuna ha tardado ese tiempo en apuntar responsabilidades, limitadas a la capa directiva de la concejalía y a las empresas privadas con competencias en la nueva pasarela de Bentazarra.
Tras realizar una investigación interna de los hechos en este clima preelectoral y de presión política, el departamento de Sabas ha señalado a su supervisor en la obra y, de alguna manera, le imputa una dejación de funciones por no haber estado presente hasta el término de la operación.
Un día después del desastre, Azkuna acusó a la promotora del puente de no haber advertido con urgencia del incidente al Ayuntamiento, lo que le hubiera permitido ganar tiempo para avisar por radio y mitigar los efectos del atasco. Lo que pasa es que allí también había empresas contratadas por el propio Consistorio e, incluso, funcionarios. De forma velada o no, el aviso llevaba también el nombre del subdirector de Obras. Responsables municipales como Sabas se enteraron del incidente al cabo de más de dos horas y el propio delegado de Seguridad Ciudadana tuvo conocimiento al verlo «por la ventana de su casa», según confesó Azkuna. En este contexto surge la dimisión de Tito Aceves.
De alguna forma recuerda a cómo trató de zanjar la Diputación la 'crisis de los quitanieves' del año pasado, cuando miles de conductores se quedaron 'tirados' por el mal tiempo. La «ineficacia en la gestión», reconocida por el diputado general, provocó la destitución del director foral de Carreteras, Jon Legarreta y una multa a la empresa contratada, finalmente sustituida. En el caso del Ayuntamiento, la búsqueda de responsabilidades ha sido fulminante y se anunciará hoy como una dimisión, con la salvedad de que sobre el equipo de Azkuna colgaba de antemano la espada de Damocles del pleno del PP.
Otra cosa será la decisión que adopte este partido sobre si convoca o no finalmente la sesión -puede hacerlo sin el respaldo de otros grupos gracias a su representación municipal-. Lo hará una vez que valore la reacción municipal a la crisis, cuya asunción de responsabilidades no llega a niveles políticos. En principio, el Gobierno local tiene previsto además solicitar la sustitución de la dirección de la obra, en manos de una ingeniería privada, y ordenar a la empresa concesionaria que asuma los gastos de reposición del puente.
