La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una pareja vizcaína a un año de prisión por el delito de estafa. La cuestión es que Jon y Marian eran propietarios de un chalé en la urbanización 'Pueblo del Mar I', sobre la que pesaba la maldición de los tribunales en forma de sentencia de derribo en firme.
Ellos debieron de considerar que no era justo haber pagado por una vivienda que contaba con todos los permisos de edificación y habitabilidad y el visto bueno del Ayuntamiento para que luego vinieran las denuncias ecologistas y los tribunales empezaran a condenar a la piqueta urbanizaciones enteras levantadas contra la Ley de Costas. Ellos eran, como tantos otros, compradores de buena fe y, si bien es verdad que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, los particulares consideran que unas viviendas edificadas con permisos varios otorgados por el Ayuntamiento antes, durante y después de la construcción tienen todas las garantías legales.
Muchos de los afectados han reaccionado adecuadamente, defendiendo sus derechos por todos los procedimientos que se les han ocurrido dentro de la Ley. Han pleiteado y se han manifestado. Jon y Marian, por el contrario, en cuanto tuvieron noticia de que el Tribunal Supremo había condenado sus casas al derribo, decidieron endosar el marrón a terceros y la verdad es que se dieron maña en el empeño.
Dos meses y medio después, el 23 de julio de 2003, formalizaban escritura de compraventa sin informar a sus compradores de que el Tribunal Superior de Cantabria había declarado nulo el estudio de detalle de la citada urbanización y rechazado la licencia municipal de obras, lo que fue ratificado por el Supremo. Ahí radica el el engaño. Los estafadores no ingresarán en la cárcel dada su falta de antecedentes, pero queda en el aire la responsabilidad de la inmobiliaria que medió en la operación. Alguna tienen en el escamoteo de la información a las víctimas de la estafa.
