Confebask encabezó ayer las declaraciones de condena que expresaron numerosos representantes de la actividad económica y política ante el envío por parte de ETA de una nueva remesa de cartas de extorsión a empresarios de Euskadi. Según desveló ayer EL CORREO, en las misivas, recibidas esta misma semana, la organización terrorista exige el pago de entre 180.000 y 300.000 euros, cantidades sensiblemente superiores a las que venía reclamando hasta la fecha.
La Confederación Empresarial Vasca confirmó que conoce la nueva oleada de comunicaciones amenazantes exigiendo el pago del denominado 'impuesto revolucionario' y reiteró su «rechazo y condena a este tipo de acciones».
En cambio, el Círculo de Empresarios dijo no tener aún «constancia o prueba fehaciente» de la existencia de estas cartas, si bien precisó que eso no significa «que no existan». Un portavoz del Círculo subrayó, además, que este colectivo no dudará en denunciar el chantaje de la organización terrorista en el momento en el que disponga de información directa, una actitud que contrasta con la que, según el diputado de Hacienda de Álava, el popular Juan Antonio Zárate, mantienen determinados industriales. Zárate aseguró ayer en Vitoria que «algún sector empresarial ha intentado tapar» esta noticia y añadió que en la documentación incautada al 'comando Donosti', detenido a principios de abril, aparece «información de algún empresario, no alavés, bastante completa».
La noticia causó menor impacto en Navarra, donde el presidente de la patronal CEN, José Manuel Ayesa, afirmó que la última información de la que dispone sobre un intento de extorsión de ETA practicado en la comunidad foral data del pasado mes de enero.
La preocupación crece, en cualquier caso, en sectores importantes del empresariado vasco, como lo demuestra el hecho de que, en fechas recientes, destacados industriales y representantes de las patronales vascas hayan optado por recuperar la escolta a la que renunciaron con la declaración de la tregua.
Futuros atentados
En este contexto, el sector empresarial recibió ayer expresiones públicas de solidaridad de representantes políticos, en especial socialistas y populares. El PP, además, incorporó la reactivación de la extorsión etarra a los argumentos con los que reclama al Gobierno socialista que impida la presencia de ANV en las elecciones de mayo.
Mariano Rajoy destacó que la extorsión a empresarios vascos refuerza la tesis de que «no hay que negociar» con la banda y «no cabe darles nada». Su 'número dos', Ángel Acebes, interpretó la reactivación del 'impuesto revolucionario' como la demostración de que ETA está intentando conseguir dinero para «financiar la campaña electoral» e, incluso, «poder cometer nuevos atentados».
En parecidos términos, el secretario general de los populares vascos, Carmelo Barrio, subrayó que la «estrategia de crimen y extorsión» de ETA «no va a ser condenada por ANV», partido que «tampoco ha condenado el atentado de Barajas». En este sentido, exigió al Gobierno socialista que impida la participación de esta formación en los comicios municipales y forales y anunció que el PP está «estudiando« la posibilidad de pedir su ilegalización como partido.
Minutos más tarde, el portavoz de la ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares replicó que son los jueces quienes deben pronunciarse sobre «si las listas que ha presentado ANV cumplen o no la legalidad y si el partido la cumple también o no». Ares mostró el apoyo de su partido a los empresarios víctimas de «la extorsión mafiosa» de ETA.
Mientras, el coordinador general de EB, Javier Madrazo, instó a Batasuna a que se exprese en contra de las extorsiones y la violencia de ETA «no porque lo diga la Ley de Partidos, sino por principios éticos y porque lo exige la sociedad vasca».
