Si fuera acertada la teoría de John Henry Newman, cardenal católico converso del anglicanismo, de que la convergencia de probabilidades crea certeza, no cabría duda alguna de que Acción Nacionalista Vasca sería proscrita por sucesora de Batasuna. Pero, por interesante que sea la teoría en el plano del razonamiento epistemológico, de muy poco vale en la esfera judicial, donde las certezas cotizan, por lo general, muy alto y las probabilidades, aunque convergentes, no rebasan la categoría de indicios. Así que, por mucho que el Partido Popular haya concluido ya lo que correspondería hacer a los jueces, no es en absoluto seguro que el partido abertzale vaya a ser detenido por el tupido filtro de la justicia. Ahí está el auto que ayer mismo hizo público el juez Baltasar Garzón como prueba de lo dicho.
Hagámonos, pues, a la idea de que Batasuna estará en las instituciones, aunque por persona interpuesta y de manera precaria. Lo suficiente, en cualquier caso, como para que tanto la organización abertzale como el Partido Popular puedan cantar victoria. La primera, por haber logrado burlarse, una vez más, de las normas del Estado de Derecho. El segundo, por poder esgrimir, ahora con mayor apariencia de razón que nunca, que el Gobierno se ha rendido ante el chantaje de los terroristas. Una y otro convergerán así, por paradójico que parezca, en el propósito común de inculcar en la ciudadanía el doble convencimiento de que el terrorismo ha salido del trance reforzado y el Estado de Derecho, debilitado.
Que Batasuna se crea lo que dice es lo de menos. Ahí estará siempre la realidad, incluso la electoral, para demostrarle lo contrario. Lo peor es que se lo crea el Partido Popular. Porque creer que el Estado de Derecho se debilita cuando sus diversos poderes actúan de acuerdo con sus respectivas normas de comportamiento no dice nada en favor de las convicciones democráticas de quien lo cree. Uno pensaría, más bien, que el Estado de Derecho se debilitaría si esos poderes confundieran sus papeles y los unos actuaran con los criterios que corresponden a los otros. Por eso, a nadie tendría que escandalizar, sino todo lo contrario, que los jueces mantuvieran, en el caso concreto de la ilegalización de ANV, posturas diferentes, e incluso contrarias, a las convicciones que la opinión pública, por propia intuición o por mor de la propaganda política a que ha sido sometida, tiene ya adoptadas. Para cualquier observador imparcial, tal hecho debería constituir un argumento que avalaría la independencia judicial y, en consecuencia, la fortaleza del sistema.
No es así, sin embargo, para el Partido Popular. Este ha sacado ya sus conclusiones y las mantendrá hasta el final incluso si, como ocurre en este caso, no se ven confirmadas, sino, más bien, refutadas, hasta por los servicios de información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Para él, será el Gobierno el que, con su negligencia interesada a la hora de investigar y presentar las pruebas, habrá dejado a los jueces desarmados ante su tarea de aplicar la ley. El responsable de la presencia institucional de Batasuna no será, en consecuencia, para el Partido Popular, ni el garantismo del sistema judicial ni la insuficiencia de la ley que él mismo promovió, sino, simple y llanamente, la cobardía de un Gobierno que, por defender sus intereses particulares, está dispuesto a someter el Estado de Derecho a las exigencias chantajistas de una banda terrorista.
Y, en cuanto a que el terrorismo haya salido reforzado, esto, por muy alto que lo pregone el Partido Popular, la que no se lo cree de verdad es la propia Batasuna. No sólo porque, en este trance concreto, no haya podido concurrir a las elecciones, tal y como sus portavoces prometían, «sin disfraces» y «con su propio nombre», sino también, y sobre todo, porque, al margen de cualquier consideración legal, se ha convertido en un partido social y políticamente proscrito. No hay más que constatar, para convencerse de ello, el cambio de discurso que, a este respecto, se ha producido en el universo del nacionalismo democrático.
Con excepciones tan sonadas como disonantes, para éste, no es ya, como lo era hace sólo un par de años, la Ley de Partidos la que impide que la izquierda abertzale pueda participar como uno más en el juego político, sino que el verdadero obstáculo se encuentra en la incapacidad de aquella de desligarse de las ataduras de ETA. Batasuna sabe, por tanto, que, no importa cuál sea su presencia formal en las instituciones, su capacidad de intervención política ha quedado radicalmente mermada, si no del todo anulada, a causa de la sumisión que demostró tener respecto de la banda a lo largo del alto el fuego y, sobre todo, a raíz de la ruptura de éste con el atentado de Barajas. Si esta actitud del nacionalismo se mantiene, la presencia institucional que Batasuna pueda mantener será del todo irrelevante.
