Los vecinos del número 22 de la calle Olabarri de Igorre exigen la demolición del molino ubicado junto al cauce del río Arratia y que ha sido rehabilitado sin las licencias pertinentes para acoger varias viviendas de lujo. Alegan también que, pese a las denuncias que desde septiembre de 2003 han presentado ante las diferentes instituciones, «se están cometiendo una serie de irregularidades para tratar como sea de regularizar el edificio». Ante esta situación, los afectados se preguntan cuál es el motivo para tratar, «por todos los medios, de legalizar una construcción que es un gran obstáculo hidraúlico insalvable para el futuro encauzamiento del río».
La filtración de agua en el edificio número 22 procedente de una terraza habilitada en el molino fue el origen de la denuncia que la comunidad de vecinos presentó en septiembre de 2003 ante el Ayuntamiento. A su propuesta de paralización de las obras, la Administración local respondió que «se trataba de una construcción ilegal, por lo que concedía un plazo de cinco meses al promotor para legalizar la obra».
Los afectados interpusieron, además, un recurso contencioso-administrativo. El fallo judicial, sin embargo, dejó sin efecto la denuncia por considerar que la obra ya había sido concluida. Un año después, los vecinos presentaron un segundo recurso, esta vez centrado en cuestiones constructivas. En este caso la sentencia reconoce que la plataforma del molino vierte aguas a la fachada del número 22. A pesar de que el dictamen fue remitido a la Administración local, los responsables municipales «vienen dando largas a la solución de este problema», comentan.
Los residentes se quejan también de que ninguna de las instituciones a las que han recurrido les haya dado una respuesta. «Nadie quiere tomar cartas en el asunto», lamentan. La inclusión del edificio dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana elevando su categoría de protección patrimonial del 3 de que disponía a la máxima del 1 es, en opinión de los afectados, «una salida para poder tener más facilidad a la hora de saltarse la normativa».
Sin sanciones
Los vecinos han presentado alegaciones contra esta última iniciativa por considerar que «si se trata de un inmueble significativo, ¿qué problema tenían que no se hicieron con sus licencias en su día?». Tampoco conciben el hecho de que el Departamento de Patrimonio del Gobierno vasco no tuviera constancia de que el molino «hubiera sido reconstruido en su totalidad para venta como viviendas de lujo sin respetar su antigua función como molino eléctrico» y, sin embargo, no hayan sancionado por ello a la promotora responsable de la remodelación del inmueble.
Responsables del Departamento de Aguas del Gobierno vasco aseguraron en diciembre a los demandantes que la obra se encontraba paralizada, si bien se estaba tramitando el expediente. «Están empeñados en legalizar la obra sea como sea», insisten los vecinos. El alcalde de Igorre, Joseba Ipiñazar, reconoce que la obra no ha contado con la licencia correspondiente, pero matizó que «no se ha aumentado volumetría» en la reconstrucción del inmueble.
A pesar de que en febrero el Ayuntamiento solicitó al promotor los permisos de los departamentos de Aguas y Patrimonio para legalizar el edificio, «todavía no ha presentado nada», reconoció Ipiñazar. Por el contrario, responsables del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco no han dado respuesta a las preguntas de este periódico sobre la situación en la que se encuentra el inmueble.
