El Partido Popular de Bilbao ha decidido apretar el acelerador en la recta final del mandato y forzar la celebración de un pleno monográfico sobre el fallido desmontaje de la pasarela de Basurto y el posterior colapso de la A-8 agravado por la imprevisión municipal. El PP dio ayer dos razones para justificar una sesión extraordinaria con la que buscará el desgaste de Iñaki Azkuna en vísperas de la cita con las urnas. Por un lado, quiere «censurar la mala planificación» de su equipo, centrando las críticas en el PNV. Y por otro, exige al alcalde que admita en público responsabilidades dentro de su Gobierno, al considerar «injusto» que pretenda zanjar la crisis «cortando la cabeza a un funcionario», en alusión a la dimisión del subdirector de Obras y Servicios. «Este pleno debe servir para ver quién es el culpable político del caos que sufrieron miles de personas», advirtió el portavoz del PP, Antonio Basagoiti, en el anuncio de su iniciativa.
El concejal ha tardado doce días en desvelar una decisión que aprovechará para rentabilizar políticamente el desastre de la pasarela, flanco abierto en la gestión de Azkuna con el que nadie, ni Gobierno ni oposición, se esperaba encontrar en un final del mandato que parecía venir rodado para el Ejecutivo municipal. Estaba, y está, el reiterado debate sobre la Línea 3, pero todo parece haber quedado solapado por el histórico atasco del pasado 19 de abril.
Tras un mandato en el que la mayoría absoluta de Azkuna ha dejado escasos resquicios a la oposición, Basagoiti despejó ayer las dudas sobre la «necesidad» de un pleno extraordinario que podría convertirse en un examen público a la crisis. En un juicio a cómo preparó el Gobierno municipal el desmontaje y cómo capeó el incidente, con el altavoz que ofrece el salón de plenos del Ayuntamiento rodeado de los flashes de unas elecciones en ciernes. «El alcalde se ha limitado a echar balones fuera, a hacer que dimita un funcionario. Y esto no puede quedar así. Es injusto», explicó el portavoz del PP para defender la sesión plenaria -Azkuna está obligado a convocarla en el plazo de quince días-.
Basagoiti no ha querido esperar al resultado de las auditorías en curso para denunciar «la incompetencia» municipal. Para justificarse, aclaró que no confía en ellas, porque «no hay voluntad de depurar responsabilidades políticas» en el Gabinete de Azkuna.
El equipo de gobierno, que ayer no quiso valorar el pleno ni sus eventuales repercusiones, considera internamente que las elecciones serán «el mejor juez» y que la crisis está zanjada con la dimisión del subdirector de Obras, Tito Aceves. Al principio, la concejalía que dirige José Luis Sabas le apuntó suave, 'vistiendo' el cese como un gesto que incluso «le honraba». Ahora, Azkuna hasta reconoce que le obligaron a dimitir por no estar en su sitio, ya que abandonó la obra antes de que acabara. Siendo el supervisor municipal del desmontaje, le achacan en exclusiva «el error» de no comunicar con urgencia la rotura del arco, con el fin de mitigar el caos que se avecinaba.
Populares y socialistas intentarán en el pleno desmontar esta tesis, al denunciar la «falta de planificación» del equipo de Azkuna para sortear un eventual incidente. «No había un 'plan B'», pese a que se conocían serios riesgos: la maniobra era muy delicada para hacerla mirando al reloj, la pieza retirada estaba tocada -al parecer por un incorrecto transporte- y, posiblemente, la empresa afrontaba por primera vez el desmontaje de una pieza en un modelo de puente del que, además, sólo ha instalado otros tres.
Con nombres
«Queremos que Azkuna señale culpables políticos y proceda a su cese», destacó Basagoiti. Parece improbable que lo vaya a hacer, y menos a estas alturas. Ya se encargará la oposición de eso. Txema Oleaga (PSE) insistió ayer en apuntar al alcalde, mientras que Basagoiti comenzó a identificar a quienes considera responsables, tras un insólito tiempo de silencio, con críticas, pero sin nombres. A su juicio, el incidente dejó en evidencia a la concejala de Circulación, Ibone Bengoetxea; al jefe de la Policía Municipal, Eduardo Maiz; y al delegado de Obras y Servicios, José Luis Sabas. «El que más papeletas tiene es Sabas. Queremos que no salga gratis meter la pata», señaló.
Salvo sorpresa mayúscula, el alcalde se defenderá acusando a la oposición de «electoralista». Antes tendrá que poner fecha a este incómodo pleno, si cerca o muy cerca de las elecciones.
