En plena polémica sobre la anulación de numerosas candidaturas de la izquierda abertzale, el Gobierno vasco disparó ayer una contundente andanada contra la Ley de Partidos. El Ejecutivo autónomo considera que esta normativa pone en «entredicho el pluralismo político», ejerce «una especie de tutela de la sociedad vasca» y «pulveriza» la división de poderes, según señaló el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, encargado de leer una declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado martes y referida exclusivamente a dicha ley.
A punto de entrar en plena campaña electoral, el gabinete presidido por Juan José Ibarretxe ha optado por otorgar un alto grado de solemnidad a las continuas críticas que ha venido lanzando contra la Ley de Partidos, desde que ésta entró en vigor en 2002. Unos reproches que se han acentuado a raíz de las impugnaciones presentadas contra ANV y Abertzale Sozialistak, que fueron aceptadas por el Tribunal Supremo. Destacados dirigentes de los grupos que conforman el tripartito -PNV, EA y EB- y varios consejeros han censurado durante los últimos días «una de las leyes más arbitrarias que hayan sido aprobadas en la historia más reciente en una pretendida democracia de la Europa occidental», en palabras del portavoz del EBB, Iñigo Urkullu.
En otra sala
La declaración leída ayer no se distancia demasiado de lo dicho hasta ahora. Sin embargo, sí eleva varios grados el nivel de la crítica, no sólo por su contenido, sino por el tono institucional que el Gobierno vasco quiso dar al texto -impulsado por el Departamento de Azkarraga y asumido por el Ejecutivo en su conjunto-, marcando distancias con lo que es una rueda de prensa tradicional.
Azkarraga compareció en la sede de Lehendakaritza a primera hora de la mañana. No lo hizo en la sala en la que habitualmente la portavoz Miren Azkarate informa de los acuerdos alcanzados en los consejos de gobierno, sino en otra reservada para las 'grandes ocasiones'. En este escenario, el consejero de Justicia dio lectura a un comunicado de siete folios cargado de duros reproches contra la Ley de Partidos y sus impulsores: el PSOE y el PP.
El representante del gabinete Ibarretxe sostuvo que esa norma «impide ejercer los derechos fundamentales a miles de ciudadanos», a los que se les «cercena» el derecho de participación política». «Como efecto dominó», añadió Azkarraga, se resienten la «libertad de expresión y la ideológica».
A su juicio, las impugnaciones presentadas contra la izquierda abertzale han colocado sobre la mesa «las nefastas consecuencias» de la Ley de Partidos, que pone «en entredicho el pluralismo político». De forma contundente, el consejero de Justicia sostuvo que «determinados artículos» de dicha legislación «no pueden ocultar que se construyó apuntando directamente a una parte de la ciudadanía.
En esta misma línea, argumentó que la «mayoría» de la sociedad vasca «quedó al margen del consenso legitimador de una ley que despliega sus efectos sólo en Euskadi» y que la «opinión» de la «mayoría de los partidos vascos no es tenida en cuenta». «Cumple con la función de ejercer una suerte de tutela de la sociedad vasca», ahondó Azkarraga.
El consejero mostró su alarma ante el hecho de que, en su opinión, la Ley de Partidos «no ha agotado todo su potencial». Durante los últimos años, las formaciones nacionalistas han manifestado su temor a que esta norma sirva como excusa para ilegalizar a todas las fuerzas abertzales.
El titular de Justicia del Gobierno vasco afirmó que la teoría de las listas «contaminadas» ha provocado que «la seguridad jurídica y la división de poderes hayan sido materialmente pulverizadas». «Hoy nadie sabe dónde están los límites ciertos y previsibles de la Ley de Partidos», apuntó Azkarraga, quien reclamó su modificación o derogación. Al finalizar su intervención, no aceptó preguntas.
