A falta de un análisis más profundo, la nueva normativa ha tenido una mala acogida en el País Vasco. Básicamente, porque impide que las empresas de reunificación de créditos estén controladas por el Banco de España.
El viceconsejero de Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Rodrigo García, explicaba ayer a este periódico que su departamento había solicitado «verbalmente y por escrito» a Madrid que ese tipo de entidades estuvieran bajo la tutela de la autoridad financiera. «Que estén controladas por organismos que no somos especialistas no tiene sentido y no ofrece las suficientes garantías a los consumidores».
A pesar de reconocer que el anteproyecto de ley sí introduce ciertos avances, García la calificó de «insuficiente». «Trataremos de mejorarlo durante el trámite parlamentario», señaló.
Por su parte, el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores Vasca (EKA-OCUV), Koldo Nabaskues, aseguró que «no tiene sentido que esta actividad no esté regulada por el Banco de España porque es puramente financiera». A su juicio, esa «falta de controles facilita la práctica de la usura y deja a los consumidores a los píes de los caballos».
Mientras, la asociación Adicae valoró positivamente la normativa, que calificó como pionera en Europa.
