El Correo Digital

Las instituciones implicadas en la asistencia a los más desfavorecidos han decidido revisar en Bilbao el sistema de la renta básica, pilar en la política de las ayudas sociales, con una doble finalidad: combatir el fraude y 'empujar' a los beneficiarios capacitados para trabajar a sumarse al mercado laboral, en vez de que se cobijen sólo en la caridad. En una iniciativa liderada por la concejalía bilbaína de Acción Social, en colaboración con el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, el Ayuntamiento prepara una campaña de inspección en tres barrios -Bilbao la Vieja, Otxarkoaga y Zorroza-. En estas zonas, que registran algunas de las bolsas de pobreza más importantes de la ciudad, sospecha que la mitad de los perceptores cobra las ayudas de forma indebida, bien por incumplir las condiciones o por no dar el salto a un puesto de trabajo, pese a estar preparados para ello. El Consistorio calcula en 2.000 la cifra de rentas básicas que podrían ser irregulares en los tres barrios.

La concejalía justifica la campaña en el espectacular incremento del número de usuarios en los últimos años en la capital vizcaína, en que un alto porcentaje de las rentas se han hecho «crónicas» y en la existencia de infracciones. Se trata de la primera vez que las administraciones llevan a cabo en el País Vasco una revisión específica en un municipio sobre este respaldo económico, que oscila entre los 579 y los 950 euros.

No es la única revisión en Vizcaya. Cada año, la Diputación inspecciona de forma aleatoria un número determinado de rentas básicas. En la última, de 2006, detectó anomalías en un 30% de las 4.235 ayudas revisadas. El plan piloto que ahora se quiere aplicar en Bilbao no sólo buscará incumplimientos, sino que intentará reinsertar a algunos infractores.

La renta básica está concebida para echar una mano a personas que carecen de los recursos propios suficientes para garantizarse necesidades primordiales. Las instituciones ven con «preocupación» la evolución de este sistema de prestaciones, tras sondear la experiencia de sus servicios de atención y la opinión de la calle. «Percibimos que se están cuestionando las garantías sociales por parte de gente que piensa que aquí se da dinero a cambio de nada, que sin trabajar se puede ganar lo mismo. Y eso no es así», explica el concejal de Acción Social, Jon Sustatxa.

Opiniones como éstas llevaron a la viceconsejería de Inserción -dependiente de Justicia- a estudiar el fenómeno. Como conclusión, confirmó que la cifra de perceptores de la renta básica en la comunidad se concentra en Bilbao, con 10.500 prestaciones hoy, que incluyen a 20.000 personas. De todos ellas, estimó que el 50% era susceptible de sumarse a procesos de inserción laboral y social.

Más rigor

Compartiendo el análisis, Acción Social pondrá en práctica la revisión en Bilbao con la idea de hacer reaccionar a quien esté facultado para trabajar o, cuando menos, para prepararse para ello. El otro objetivo es aumentar el rigor y retirar de la lista a los infractores, en busca de un reparto más justo de los recursos disponibles.

El número de rentas básicas se ha duplicado en los seis últimos años en la ciudad, al pasar de 4.957 en 2001 a las 10.549 actuales. En algunos barrios se ha disparado. San Francisco ha registrado un aumento del 81%, mientras que en Irala ha crecido un 200%.

Según la concejalía, el incremento de rentas básicas obedece al aumento de personas inmigrantes en la ciudad, a que cada vez hay más complementos para pensiones, bien de viudedad o de jubilación (hay 76.000 mayores de 65 años en la ciudad), y a que se ha bajado a los 23 años la edad para poder recibir esta ayuda.

La propuesta es crear unidades de gestión de rentas básicas, con el fin de mejorar el control del proceso administrativo y de liberar de carga a los servicios sociales de base, que se centrarían en el trabajo más de campo.

La campaña, cuyo inicio se ha fijado para después del verano, examinará a toda la población de perceptores de Otxarkoaga; Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala; y Zorroza -suman unas 4.000 rentas básicas-. De todas ellas, los gestores municipales calculan que la mitad -574, 968 y 315 rentas por barrio, respectivamente- podría trasladarse a servicios de empleo y formación.

En esta revisión, el Ayuntamiento asumirá el papel de gestor, el Gobierno vasco se encargará del presupuesto y la Diputación deberá sancionar los incumplimientos que se confirmen, que los hay. Sólo en Bilbao, el Ayuntamiento le planteó la suspensión de más de 2.000 expedientes.

Las irregularidades más frecuentes se deben a la falsificación de documentos de empadronamiento y de declaración de ingresos. En este último caso su confirmación es compleja, pues el infractor se puede 'ocultar' en la economía sumergida en su intento por buscarse la vida para llegar a fin de mes. Quien vulnere las condiciones no sólo se arriesga a perder la prestación, sino a devolver lo que ha estado cobrando de forma indebida, a plazos si no puede hacerlo de golpe.

El eslabón más débil

Toda esta revisión requerirá de un tacto especial, ya que los servicios de Acción Social saben que atienden el eslabón más débil de la cadena de los desfavorecidos. Deberán compaginar rigor con sensibilidad para los casos más extremos. «Si a un padre se le retira la renta básica por ser un delincuente, igual paga el pato su hijo, menor de edad», pone el edil como ejemplo.

Sustatxa explica que aquí no se trata de cuestionar la necesidad de la renta básica, sino de garantizar que quien la cobre es porque, lamentablemente, la necesita. Con la misma idea, la concejalía también baraja la posibilidad de obligar a los usuarios de los comedores sociales que reciben esta prestación a que paguen una parte del menú, aunque sea testimonial.

El Ayuntamiento estudia exigir un compromiso a los perceptores con posibilidades de reengancharse a una vida mejor. La idea es que firmen un convenio para obligarles a que acudan a cursos de formación y de incorporación al mercado laboral a través de empresas como Lan Ekintza y Sartu.